Para muchos era inadmisible que Rovira pudiera asumir como rectora de la UM luego de las declaraciones que hizo a Búsqueda respecto a que la condición de homosexual de una persona “obvio que juega” a la hora de contratar un docente. Además, afirmó que esa orientación sexual era una “anomalía”.
Pero si el delito de discriminación no estuviera consagrado en el Código Penal, la sociedad hubiera quedado rehén de lo que decidiera una institución como la UM, atada a los preceptos del Opus Dei.
Sin embargo, la organización Ovejas Negras tomó la delantera en el asunto y anunció la presentación de una denuncia penal ante declaraciones que consideró, con razón, discriminatorias. Además, el Ministerio de Educación y Cultura también presionó para que hubiera un pedido de disculpas y una aclaración por parte de Rovira y la UM sobre el alcance de sus declaraciones.
Pero Rovira ya no podía asumir. La conmoción social generada por sus dichos junto a la amenaza cierta de quedar acusada de un delito, la obligaron a su renuncia. Y la UM debió pedir disculpas, más allá de que es conocida la opinión pública del Opus Dei sobre la homosexualidad. Es la misma que expresó Rovira en la entrevista.
El otro caso, el del matrimonio homosexual celebrado en el exterior y reconocido por la justicia uruguaya, también fue posible por una brecha que abrió una ley, pese a que en el país aún no está instituido el “matrimonio igualitario”. Como sí se reconocen las uniones libres entre personas del mismo sexo y, además, la ley de identidad de género permite que una persona sea inscripta con el sexo que declara, más allá de su genitalidad, la abogada trans Michelle Suárez Bértola consiguió que un Juzgado no hallara argumentos para rechazar el pedido de reconocimiento de un matrimonio homosexual.
Así, en tanto no se apruebe el matrimonio igualitario en Uruguay, las parejas del mismo sexo podrán viajar a Buenos Aires, donde sí está reconocido, casarse y luego hacer la misma solicitud ante la justicia uruguaya.
Quienes se opongan a las parejas homosexuales podrán seguir pensando de esa manera. Es su derecho. Un derecho que no puede primar sobre el que tienen dos hombres o mujeres que se aman a poder constituir un vínculo con todas las garantías, derechos y deberes que tiene uno heterosexual.
Del mismo modo, individualmente los integrantes de la UM podrán seguir considerando que la homosexualidad es una “anomalía”. Pero no podrán esgrimir ese argumento cuando se trate de la gestión de un instituto privado que funciona con los avales y permisos que solo puede otorgar el Estado. Mucho menos podrán reconocer que la sexualidad es un tema que tengan en cuenta al contratar personal.
Se trata de avances sociales muy significativos en medio del discurso conservador que casi siempre domina la agenda uruguaya. Dos temas en los que ganó la tolerancia al asumir los cambios que vive la sociedad. El país pudo dar pequeños pasos adelante que, quizás, deberían llamar la atención del Parlamento para retomar temas que realmente hacen a la vida cotidiana de las personas.
Temas como la despenalización del aborto o la consolidación del matrimonio igualitario debieran mirarse a la luz de estos hechos, cuya resolución positiva solo fue posible gracias a legisladores sensibles a los nuevos códigos de convivencia y con un rumbo claro que hoy es muy difícil encontrar. Por no decir imposible.
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