Seguramente el diputado salteño Andrés Lima esté viviendo su momento de mayor esplendor en la Legislatura. No porque haya presentado un proyecto de ley removedor ni por haber expuesto de manera brillante en una sesión o comisión de la Cámara de Representantes. De él se habla, desde hace meses, porque trabó la aprobación de una ley que estaba en la oferta programática hecha por el Frente Amplio a la ciudadanía en los comicios que llevaron a José Mujica al poder, además de darle forma al Parlamento que él integra.
El problema no es que él no quiera votar la despenalización del aborto porque entiende que su convicción religiosa se lo impide. El problema es que si es así, no salga de sala para habilitar el ingreso de un suplente que sí posibilite cumplir con el compromiso electoral del Frente Amplio.
El caso es muy diferente al del ex presidente Tabaré Vázquez que con su veto impidió que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva votada en la legislatura pasada incluyera la despenalización del aborto. La potestad del veto se le atribuye al presidente, entre otras cosas, por la relevancia política de su investidura, la mayor a la que se puede aspirar en el sistema democrático. Además, en el acierto o en el error –para mí error, claro está- ya había adelantado que lo haría en la campaña electoral.
Para evitar que esa situación se repitiera, el Frente Amplio decidió poner el tema de la legalización del aborto en el programa electoral. Es decir que todos los que se postulaban por esa fuerza política sabían que se iba a promover una ley de este tipo.
Lima llegó al Frente Amplio en acuerdo con el Espacio 609. Quizás ese acuerdo político sea una de las culebras o de los sapos, ya célebres en la trayectoria política del presidente José Mujica.
El tema es que aquí afecta un área central: la salud pública. La oposición de Lima hizo que el proyecto de ley que se aprobará no sea el ideal. El texto no supone la legalización del aborto y expone a la mujer a enfrentarse a una especie de tribunal de conciencia ante el que tendrá que explicar sus razones. Es decir, vuelve a poner a una mujer que se encuentra en una situación límite y de gran desesperación, en una posición de culpabilidad.
Peor aún. Nuevamente cristaliza una diferenciación social muy fuerte entre las mujeres más preparadas y de mayores recursos y las más desvalidas. Las primeras seguramente puedan sortear con mayor facilidad los obstáculos que intenta imponer la ley al aborto. Las segundas probablemente deban contar con el apoyo de organizaciones sociales para hacer valer sus derechos en el intrincado sistema que configura esta ley.
Todo esto derivado de la negociación que debió encarar el Frente Amplio con el diputado del Partido Independiente Iván Posada para, finalmente, despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
En entrevista con No toquen nada, la diputada socialista María Elena Laurnaga afirmó que el Frente Amplio debe analizar “seriamente” esa indisciplina de Lima. “Igual nos parece un avance. No es todo lo que queríamos pero nos parece un avance muy importante en relación con la ley de 1938”, dijo la legisladora.
Con ley o sin ley el aborto es una realidad instalada en Uruguay y, de hecho, las mujeres seguirán abortando. El tema es si lo hacen en condiciones seguras. Ahí está el avance que señala Laurnaga. Con esta ley, el aborto se concretará con seguridad y se evitarán situaciones como la de las dos mujeres que este año fallecieron por abortos mal practicados.
No deja de ser lamentable que los cambios en Uruguay cuesten tanto y que incluso cuando hay mayoría social y política para llevar adelante una reforma, las indisciplinas lleven a mantener las ataduras de los sectores más conservadores. Eso deberá debatir el Frente Amplio porque no es la primera vez que le pasa. Y en temas centrales.
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