Informe de Gabriel Farías (No toquen nada)
Además, Kreimerman se reunió con el empresario mexicano denunciado en el transcurso de la investigación y nunca informó de esa reunión a quienes investigaban. El ministro dijo a No toquen nada que con el mexicano hablaron de la “realidad del país”.
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Ahora el Ministerio deberá responder a los demandantes, que interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del Ministerio de Industria de archivar la investigación.
Paso a paso
En junio el Ministerio de Industria ordenó archivar una investigación a pesar de que su área jurídica encontró indicios de ilegalidad y recomendó revocar la concesión de las radios del ex Grupo Sarandí y ex Grupo del Plata.
La denuncia la realizó en 2009 el Grupo Medios y Sociedad. Allí se señaló que el propietario de todas las radios es el mexicano Ángel González.
En la legislación vigente sólo los ciudadanos uruguayos pueden ser titulares de frecuencias de radio y televisión. Además, un solo titular puede tener en concesión un máximo de tres frecuencias, y en el caso de tener tres, no puede tenerlas en la misma banda (AM o FM). Los denunciantes señalaron que se violaban estos y otros artículos de la normativa.
El decreto 734/78, que reglamentó la ley de Radiodifusión, en el artículo 15 establece que “las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de radiodifusión, se otorgarán con carácter personal, quedando en consecuencia prohibida, sin autorización del Poder Ejecutivo, toda negociación que implique directa o indirectamente, un cambio en la titularidad de las mismas. (…) Cuando las autorizadas sean (…) personas individuales, la conducción de la emisora en cuanto a programas y funcionamiento corresponderá y será de la exclusiva responsabilidad de aquellas personas autorizadas por el Poder Ejecutivo”.
Respecto a la concentración, el artículo 12 establece que “una persona no puede ser beneficiaria a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM – FM – TV)”.
El área jurídica del ministerio consideró que había indicios de que las 11 radios pertenecían a un mismo conjunto económico. Esa resolución fue respaldada por su sala de abogados, además de que la Ursec había hecho una observación similar en su resolución.
Luego del dictamen de los abogados, en dos instancias Kreimerman pidió una segunda opinión al fiscal de Gobierno, Miguel Ángel Toma, quien discrepó con la idea de revocar las licencias. Sin embargo, según el propio fallo del ministerio, Toma dijo que el tema se debe solucionar en el ámbito de la Justica Penal por falta de herramientas jurídicas.
Kreimerman ignoró a los abogados del ministerio y también la posición de Toma y decidió archivar el expediente.
El pasado viernes en No Toquen Nada el ministro reconoció que estuvo reunido en privado con el empresario mexicano Ángel González mientras este era investigado por el ministerio por ser el posible propietario de 11 radios de forma ilegal mediante testaferros.
Entrevista de Gabriel Farías con el ministro Kreimerman.
La historia
La investigación se inició en 2009 por una denuncia del Grupo Medios y Sociedad ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación.
La ONG pidió a la URSEC que investigue si 11 radios de Montevideo y el interior fueron adquiridas por el empresario mexicano Ángel González a través de testaferros entre 2007 y 2008. La URSEC investigó y derivó el informe al Ministerio de Industria.
Se trata de las emisoras del ex Grupo Sarandí (Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana y Radio Disney) y del ex Grupo del Plata (Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos de Colonia, Emisora Cenit de Rivera, Emisora Santa Rosa de Canelones y La Pedrera FM de Rocha).
El periodista y abogado Edison Lanza, uno de los demandantes, dijo a No toquen nada que “los contenidos que producen Sarandí, Sport y demás pasaron a ser emitidos en las 10 y 11 emisoras de todo el país” y que “la publicidad se comercializa a través de una sola empresa”, por lo que “las decisiones las toma un empresario solo, que es Coelho, que es justamente el titular de las acciones de las radios de Grupo Sarandí”. Es por eso que “la titularidad real de todas las radios” y las decisiones sobre la programación, según Lanza, “están en un solo grupo económico”.
Lo que se investigó es si un empresario mexicano controla 10 radios uruguayas sin autorización previa del gobierno. Hasta el 30 de julio de 2012 controlaba 11 emisoras, pero el ministerio revocó la concesión de Cenit FM de Rivera, que pertenecía a Miguel Sofía, por constatarse la ausencia prolongada del país del titular.
La asesoría jurídica del Ministerio de Industria, en una decisión ratificada por la sala de abogados del ministerio, recomendó al ministro de Industria “dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas”.
Los grupos y las transferencias
El Grupo del Plata era dirigido por Miguel Sofía junto con su esposa Ana María Troncoso y su hija Virginia Sofía Troncoso. Miguel Sofía está prófugo de la Justicia, pero antes pudo vender sus radios.
La titularidad de tres de las emisoras del Grupo del Plata (Emisora del Plata, Futura y Real de San Carlos) fue transferida formalmente el 21 de enero de 2008 a José Carlos Molinari y Diego Martín de Luca, quienes serían testaferros del empresario mexicano Ángel González, según la demanda.
Las emisoras del Grupo Sarandí fueron transferidas el 3 de noviembre del mismo año a Fernando Coelho. Según los demandantes, es el representante del empresario mexicano Ángel González en Uruguay, que hasta el momento se desempeñaba como director de programación del canal de televisión de González en Argentina (Canal 9).
Ángel González preside el holding Albavisión. El grupo tiene presencia en 15 países latinoamericanos.
Edison Lanza contó que González opera mediante la compra de emisoras de radio y televisión en toda la región. “Tiene tantos canales como emisoras de radio en todos los países de habla hispana. Le dicen “El Fantasma” González: opera en casi todos lados a través de testaferros o empresarios, pero es un muy poderoso imperio”, explicó Lanza.
Según la investigación de Grupo Medios y Sociedad, poco después de concretarse el cambio de titularidad, las ex radios del Grupo del Plata trasladaron sus estudios a la sede de las ex radios del Grupo Sarandí (Enriqueta Compte y Rique 1250) y, en conjunto, las radios conformaron un nuevo grupo y centralizaron la gestión en torno a la sociedad comercial Mont Soleil S.A.
La investigación del Grupo Medios y Sociedad logró confirmar que varias de las radios ofrecen y facturan publicidad a través de la sociedad comercial Mont Soleil. Esto fue ratificado por la Ursec.
Los acusados como testaferros del mexicano, lo negaron durante la investigación y afirman que son los verdaderos propietarios de las radios.
Lanza, sin embargo, explicó como denunciante que hay pruebas del propio González, que llegó a Uruguay en un proceso de expansión de su grupo en el Cono Sur. “Tenemos el dato de que estaba tratando de comprar un canal de televisión”, dijo Lanza.
No toquen nada tiene también testimonios de periodistas de Futura FM y de radios del interior que fueron vaciadas.
Se realizó una unificación del personal y centralización de la programación de las emisoras. Algunas radios se convirtieron en proveedoras de contenidos para los demás medios del grupo. Por ejemplo, las emisoras Cenit, Real de San Carlos, Santa Rosa y La Pedrera FM se convirtieron en repetidoras de programas producidos en Montevideo. Y en Montevideo, FM Total, del ex Grupo del Plata, comenzó a retransmitir Radio Sarandí.
En base a la investigación presentada por los denunciantes y actuaciones propias, la Ursec encontró indicios de que las radios pertenecen a un solo grupo empresarial y pasó el caso a la órbita del Ministerio de Industria, donde recae la potestad de asignar o revocar concesiones.
Los abogados del ministerio opinaron que había indicios de ilegalidad, pero el ministro pidió la opinión del fiscal de gobierno.
Edison Lanza dijo que el Poder Ejecutivo se sacó la decisión de arriba. “Ante una situación que quema -porque uno no quería estar en los pies del que toma esa decisión- lo envía al fiscal de gobierno, quien emite un dictamen en el cual nosotros no compartimos una cantidad de conceptos y definiciones jurídicas que allí presenta, y en definitiva recomienda archivar”, explicó Lanza.
Después del informe del fiscal de gobierno, el Ministerio de Industria -en su última actuación de este caso- decidió archivar la denuncia.
El ministro Kreimerman tenía varias opciones: sus abogados en el ministerio le recomendaron revocar las licencias pero él decidió pedir una versión más al fiscal de gobierno. Sin embargo, el fiscal dijo que el tema es materia de la Justicia ordinaria.
Según el ministro, “las actuaciones que se llevaron a cabo a partir de la denuncia fueron de acuerdo a la ley, del análisis de lo que constaba, de la posible existencia de un grupo empresarial y la determinación de distintos elementos”.
Kreimerman dijo que “en este caso se determinó que correspondía el archive no por el tema básicamente de los elementos aportantes sino también porque se entendía, de acuerdo a las opiniones jurídicas, que se debía investigar en el ámbito adecuado la existencia de ese grupo”.
Kreimerman puede enviar cualquier actuación sospechosa a la Justicia, más allá de lo administrativo. Los denunciantes dijeron a No toquen nada que si envían el caso a la Justicia se transparenta y se termina la historia.
Pero el caso ya tenía algún viso de oscuridad: una reunión del mexicano González con Kreimerman durante la investigación no fue informada públicamente. ¿Qué quería González si no tiene medios en Uruguay, si las radios no son suyas? ¿Qué hablaron?
No toquen nada se lo preguntó a Kreimerman quien lo negó dos veces antes de decir que cree que sí.
Lo que viene
Los demandantes interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del Ministerio de Industria de archivar la investigación.
El Ministerio de Industria tiene 180 días para aceptar o denegar el recurso. En el caso de mantener la decisión, será la Presidencia de la República quien deberá decidir si revoca el recurso o mantiene archivada la investigación.
Para los denunciantes hay un fraude a la ley. “El grupo económico es un indicio de que en realidad hay un testaferro que está utilizando su nombre para encubrir que la emisora tal es controlada por una persona o una empresa o un grupo”, dijo Lanza.
“Más allá de que González esté o no atrás, lo que se demuestra es que hay un empresario que controla 10 emisoras en forma directa o indirecta. ¿Eso no es ilegal? ¿No está prohibido hoy? ¿Por el solo hecho de que efectivamente estén a nombre de otra persona, que es Molinari, pero que nunca pisa las radios ni toma decisiones?”, expresó Lanza.
Según él, “hay un fraude a la ley” porque “en forma indirecta sí adquirieron esas 10 u 11 radios, y eso es público y notorio, porque basta ir a radio Real de San Carlos y ver que son los mismos informativos que Sarandí, por ejemplo”.
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