Hace un tiempo, dediqué una de mis notas a criticar un artículo aparecido en la Revista de la Escuela Nacional de Policía, donde un par de egresados afirmaban que el desarrollo de las “maras” centroamericanas podría concretarse en nuestro país, y que había que estar preparados para combatirlas frontalmente. En su momento, sobre la base del profundo conocimiento que tengo sobre la realidad centroamericana (visito regularmente la zona, por razones de trabajo) sostuve que dicha afirmación era un verdadero disparate, que solo podría estar buscando generar ciertos “miedos” en la población, para justificar el accionar policial más típicamente represivo.
Pensé que dicho artículo sería algo excepcional y hasta se me ocurrió pensar que no volveríamos a conocer planteos similares, pero evidentemente, me equivoqué por completo. Ahora, nada menos que el Director Nacional de Policía, y al parecer en el marco de una reunión reservada con legisladores de todos los partidos políticos realizada en el recinto mismo del Parlamento Nacional, hace una afirmación todavía más grave y desacertada, sobre la cual pretende fundamentar los planes de desarrollo institucional de la policía para los próximos 20 años. Estamos, por tanto, ante un planteo mucho más grave que aquel otro, en el que la opinión vertida tenía ribetes ciertamente más acotados y con implicancias prácticas en la institución policial mucho más limitadas.
Ahora, por el contrario, nada menos que el Director Nacional de Policía, es quien vuelve con el mismo enfoque, tratando de legitimarlo a partir del aumento de los “ajustes de cuenta” producidos entre miembros de supuestas “bandas ligadas al narcotráfico”, tratando de equiparar (y meter en la misma bolsa) dos procesos que son totalmente independientes, aunque se relacionen en la práctica en otros contextos nacionales. “Para la Policía, dice la crónica de Búsqueda, Uruguay debe mirar lo que está sucediendo en Centroamérica, donde hay una ola de violencia producto del enfrentamiento entre las organizaciones vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico” (página 50).
Se trata, obviamente, de un diagnóstico exageradamente simplista, que fija la mirada apenas en el proceso de estos últimos años, sin considerar que la violencia en países como El Salvador, Honduras y Guatemala es endémica y tiene que ver con un amplio conjunto de factores, incluyendo el saldo de los conflictos armados de los años ochenta, los procesos de paz incompletos de los años noventa, la impunidad histórica de la justicia, la ausencia del Estado en amplias zonas del territorio, el recurso a la violencia para “solucionar” prácticamente cualquier tipo de conflicto (por mínimo que sea) y un largo etcétera al respecto.
Pero además, el sicariato en Centroamérica (y en otros varios países, incluso de América del Sur) excede ampliamente el “enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico”, e incluye la existencia de asesinos a sueldo para hacer su “trabajo” en una amplia gama de circunstancias, que pueden ir desde “mandarle al de la moto” a un vecino que tiene un perro que no me deja dormir o al amante de mi mujer, hasta el asesinato de grandes empresarios que se niegan a pagar las “vacunas” (coimas) que se les exige regularmente o de candidatos presidenciales que molestan más de la cuenta en una campaña presidencial.
Por si fuera poco, el simplismo del análisis que realiza el Director Nacional de Policía (que también ha incluido declaraciones de este tipo en otros varios medios de prensa) le pasa por encima a las notorias diferencias existentes entre países y aún dentro de los mismos, en la realidad que engloba irresponsablemente como “Centroamérica”. “El gobierno tiene que aprovechar -según Guarteche- y mirar lo que está sucediendo en Centroamérica, ya que en Uruguay está ocurriendo algo similar, aunque es todavía ‘un proceso incipiente’”, agrega la crónica de Búsqueda, asignándole el entrecomillado al Director Nacional de Policía.
Si no cayera en tales simplificaciones, podría analizar la coyuntura de estos últimos cinco años (por ejemplo) constatando que los homicidios (por ejemplo) han disminuido notoriamente en El Salvador, al tiempo que han aumentado notoriamente en Honduras, y ello tiene que ver (en buena medida) con la existencia de un gobierno progresista en El Salvador (ocupado en intervenciones con enfoques integrales en relación a un problema grave que preocupa a todos por igual) y de un gobierno conservador, surgido luego de un golpe de Estado en Honduras, que sencillamente ha bajado los brazos frente a este tipo de dinámicas, ha retirado la poca presencia del Estado en amplias zonas del territorio nacional y está dejando actuar impunemente a los grupos de exterminio (paramilitares, parapoliciales y otras modalidades afines), con lo cual está en el límite del no cumplimiento de sus roles más esenciales y de la complicidad con dichos grupos.
Hoy por hoy, según las últimas estadísticas disponibles, la ciudad más violenta del mundo es San Pedro Sula y la quinta es Tegucigalpa, ambas hondureñas (ninguna de las dos figuraba en las mediciones de hace 5 años). Por su parte, San Salvador, que ocupaba el primer puesto hace cinco años, ahora se ubica en el puesto 20, en los mismos niveles que Nueva Orleans (Estados Unidos) que está en el puesto 21. Guatemala, por su parte, que estaba entre las primeras cinco hace algunos años, ahora se ubica en el puesto número 12, con niveles similares a los de Medellín, Cali y otras ciudades colombianas, mexicanas y brasileñas, de las que se habla mucho menos.
Las evidencias son apabullantes, por lo que cabe preguntarse cuál es el sentido de tales ejercicios alarmistas, y la respuesta no puede ser otra que la que vincula tales declaraciones a la intención de generar miedos innecesarios para la convivencia ciudadana, pero vitales para seguir justificando el accionar policial en general y las prácticas más directamente reñidas con el respeto de los derechos humanos, en aras de una supuesta (solo supuesta) mayor seguridad. Lo más preocupante, de todos modos, es que estos discursos se realicen sin que las principales autoridades del gobierno las descalifiquen, y se expresen en momentos en que algunos de los protagonistas de la “tolerancia cero” en Nueva York, vendrán a brindar conferencias a las autoridades policiales en nuestro país. Esto también es muy grave, por cierto, pero amerita otra nota por separado, en la que podamos demostrar cuán simplista es el enfoque que sostiene que dicha estrategia (la “tolerancia cero”) fue efectiva en algún sentido. Sin duda, otra gran mentira, convertida en realidad a partir de repetirla una y mil veces, a través de las grandes cadenas mediáticas, como veremos en una próxima nota.
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