El jueves 2 de enero la Secretaría de Comunicación de Presidencia informó que el presidente José Mujica había designado a los integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, a partir de una lista propuesta por diferentes organizaciones no gubernamentales.
Una de las designadas fue Michelle Suárez, doctora en Derecho y activista del colectivo por la diversidad sexual Ovejas Negras. Sin embargo, Suárez aún no recibió el aviso oficial de esto, y dijo a 180 que incluso ya no integra varias de las organizaciones que la habían propuesto.
Suárez sostuvo que desde el año 2011 se está trabajando en torno a la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, pero que el proceso es muy lento y que no se han logrado cosas importantes. “No fue una historia fructífera” la de esta Comisión, comentó.
La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación se creó a partir del Decreto 152/006 del año 2007 y la Ley 17.817 del año 2004.
Sus cometidos son, entre otros, “proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva”, monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en esta materia y brindar asesoramiento gratuito a personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.
Suárez consideró que estos cometidos son muy similares a los del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y dijo que en los hechos ambos organismos “tienen potestades muy escasas”, dado que no tienen la posibilidad de, por ejemplo, sancionar a los victimarios o resarcir a las víctimas cuando se producen violaciones a los derechos.
Sin embargo, señaló que como los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos fueron designados por el Parlamento y reciben un pago por ocupar ese cargo, “(tienen) una especie de compromiso moral muy fuerte” que lleva a que el organismo dé señales de haber alcanzado logros concretos.
“(Pese a su) muy corta existencia, (el Instituto Nacional de Derechos Humanos) ha empezado a dar muestras de pequeños logros, de pequeños avances”, señaló Suárez.
En este sentido, comentó que cuando los cargos de este tipo de organismos son pagos, “muchas veces se obtienen mejores resultados”, porque los puestos honorarios implican tener que dedicarse a otra actividad para sustentarse. Y la actividad de las instituciones que luchan por los derechos humanos y contra la discriminación “es absolutamente absorbente y demanda una dedicación full time”, dijo.
El decreto 152/006 establece que la Comisión debe estar integrada por siete miembros: un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen) y tres miembros designados por el presidente de la República, entre personas propuestas por organizaciones no gubernamentales “que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación”.
Además de Suárez, fueron designados por el presidente Rafael Winter y Julio Cesano, y como suplentes Enrique Auyanet, Susana Andrade, Martha Jiménez y Pablo Nalerio.
