Según informó el Semanario Búsqueda, la Suprema Corte de Justicia (SJC) resolvió declarar inconstitucional el ICIR por cuatro votos a uno. Además, el gobierno estaría afinando un "plan B", que implica incrementar la carga del Impuesto al Patrimonio Rural y de la Contribución Inmobiliaria, y gravar con el Impuesto de Primaria a los contribuyentes del ICIR.
Difundida la noticia, Mujica dedicó su audición de M24 para hablar del tema.
“Las decisiones de la Justicia en un estado de derecho hay que obedecerla. Eso está afuera de cualquier decisión”, dijo el mandatario. Tras esto dejó clara su “manera de pensar” respecto de la gran concentración de la tierra.
“La tierra es un bien único, de la naturaleza. No hay fábrica de tierra. Es un bien finito”, comentó Mujica. “Por su carácter fundamental, permanente, cuando una sociedad estable se desarrolla, quiere crecer, se multiplica la economía, inevitablemente el valor de mercado de ese bien natural tiende a crecer”, agregó.
Para Mujica, ese crecimiento es consecuencia del avance social. “Es un valor en sí que se le da a la tierra y que sigue incrementándose siempre y cuando haya desarrollo social, crecimiento de la sociedad, estabilidad social y política en un medio ambiente. La sociedad le transfiere a la propiedad privada un plus de valor que no es hijo del valor, del trabajo y del esfuerzo. Parte del valor inmobiliario no es hijo del trabajo sino del avance de la sociedad”, reflexionó.
El presidente comentó que lo que hace ocho años valía 1.400 dólares vale en la actualidad cinco o seis mil dólares.
“Parece por lo tanto moralmente defendible que quienes con tierras de más de 2.000 hectáreas han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12 o 16 dólares por hectárea al año, porque recibieron un beneficio cuyo origen es en gran medida, la marcha de la sociedad", señaló Mujica.
El presidente indicó que no hablaba de legalidad sino de moralidad. “Esto es moralmente y éticamente defendible. Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar, pero hablamos de si es defendible o no. Si esa recaudación tiene una puntería explícita, contribuir a urbanizar, a mejorar todas las comunicaciones del campo profundo uruguayo”, comentó.
Dijo el mandatario que el ICIR “es una pequeña barrera” para que no se le quite la tierra a la clase media rural, “que no la echen con plata y espejismos y le concentren la tierra”. Comentó que el impuesto “es por franjas” y aplica la filosofía de “que pague más quien puede pagar más y quien ha recibido un beneficio mayor”.
“Los gobiernos puede subir el IVA, aranceles, el IRPF, pero no pueden gravar la concentración de la tierra porque existen barreras constitucionales. Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse, al fin, cambios constitucionales”, dijo Mujica.
En el final ratificó que no va a “bajar los brazos” y que seguirá “luchando” con todas sus fuerzas porque el ICIR “es parte de la modernización y de los cambios esenciales que este país necesita”.
El ICIR es uno de los proyectos más resaltados desde el gobierno y fue aprobado en diciembre de 2011. Luego estuvo ocho meses sin reglamentación.
El impuesto era de implementación compleja, porque iba a ser cobrado por el gobierno central, pero su recaudación, al menos en los primeros años, iría a parar a un fideicomiso que serviría para que las intendencias puedan contar de entrada con 450 millones de dólares a partir de un impuesto que tiene previsto recaudar entre 50 y 60 millones anuales.
Quienes debían pagarlo eran aquellos dueños de predios mayores a 2000 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad).
