Este protocolo es un mecanismo que permite a los ciudadanos presentar sus casos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU si los tribunales nacionales no los protegen contra las violaciones de esos derechos.
Uruguay fue el décimo país en ratificar este Protocolo, acción que permitió su entrada en vigor.
“El pasado 2 de abril la comunidad internacional reunida en el ámbito de Naciones Unidas aprobó por un amplio margen el Tratado sobre el Comercio de Armas. Este Tratado obliga a todos los Estados parte del mismo a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, recuerda el comunicado de Amnistía. “Los Estados han acordado que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo. Destacamos el trabajo de la delegación del Estado uruguayo durante las negociaciones y alentamos a que se continúe en ese camino de promoción y protección de los derechos humanos”, agrega.
El tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del próximo 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará en vigor al poco tiempo de haber sido ratificado por 50 Estados. Uruguay firmará el Tratado ese mismo día a través del Embajador uruguayo en ONU.
El informe es crítico con la situación que vive Uruguay en materia de violencia de género (41 mujeres asesinadas en 2012), derechos sexuales y reproductivos (reconoce la ley de despenalización aborto como paso adelante pero cuestiona el tratamiento que le da a la mujer y las dificultades que plantea para ejercer el derecho). También cuestiona la impunidad de los delitos cometidos en dictadura y las condiciones de reclusión de los presos que más allá de avances que se reconocen siguen llegando en algunos extremos a ser inhumanas.
