El hecho involucró a policías y vecinos del Barrio Marconi entre las calles Jacinto Trápani y Artagaveytia en el mes de octubre de 2012 y concluyó con el fallecimiento de una persona de 25 años.
La situación comenzó cuando un móvil policial ocupado por tres policías concurrió al barrio Marconi para indagar a partir de un dato proporcionado por un informante, quien indicó que en ese lugar estaban los autores de la rapiña a una panadería y una moto que utilizaron para escapar.
"Al bajarse del furgón uno de los policías efectuó sin razón alguna un disparo con su revólver de reglamento que rozó a uno de los individuos a detener", señala la resolución.
Allí había siete personas en torno a la moto pero ninguna se hizo cargo de ella. En lugar de detener a quienes tenían las características físicas de los autores de la rapiña, los policías decidieron proceder al arresto de las siete personas, por lo que la situación "se les escapó de control" ya que eran tres policías para detener a siete personas y tenían solamente tres esposas.
Mientras eso sucedía los vecinos del barrio comenzaron a acercarse y a agredir a los efectivos para liberar a los detenidos. Aún con la llegada de refuerzos, "el número de funcionarios de apoyo no era suficiente como para hacer frente a la agresión que sufrían".
Cuando la agresión a los efectivos fue generalizada comenzaron los disparos disuasivos por parte de la policía. Una de esas balas impactó contra el joven de 25 años y le provocó la muerte.
El juez discrepa "frontalmente con los términos del dictamen fiscal" ya que entiende que no se puede juzgar lo ocurrido sin tener en cuenta el "procedimiento policial del inicio, que fue la génesis del episodio de violencia", señala.
El magistrado calificó de "poco profesional" al procedimiento policial debido al "irregular" desarrollo de los acontecimientos y fundamentalmente basándose en la opinión de los propios policías, quienes lo evaluaron como "erróneo".
Además, el juez dice que "el procedimiento fue un caos" ya que no había un "mando unificador que pusiera orden". "Cada uno de los policías se movía a impulsos individuales, sin un patrón de acción unificado concreto", agrega.
También señala que "hubo serias deficiencias en el personal actuante", ya que uno tuvo un ataque de pánico y otro "cuando recargaba las balas de su revólver las besaba y se guardaba los casquillos diciéndoles a los detenidos que se iban a morir todos y los insultaba".
Si bien la mayoría de los policías "respondieron con valentía y sensatez", el agente de iniciales D.N.M.R. "actuó con desprecio por la vida ajena, efectuando una serie indeterminada de disparos que no estaban dirigidos al suelo o al aire, sino que fueron realizados hacia adelante", describe el magistrado.
Si todos los funcionarios hubieran actuado como ese policía "estaríamos lamentándonos de una verdadera masacre", señala el juez.
Cuando a este agente se lo consultó por la forma en que trata a los detenidos, contestó: "Yo soy el policía, cero simpatía, cero sonrisa".
La fiscal María de los Ángeles Camiño considera que el agente "actuó en el marco de sus responsabilidades funcionales, cumplió con su deber y no era posible exigirle otra conducta", por lo que el juez "se encuentra obligado, preceptivamente obligado a proceder a la clausura de las actuaciones, viéndose impedido de efectuar imputación de tipo alguno", según la resolución.
El vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, explicó a 180 que "el fiscal es el que tiene el deber de la persecución del delito, de pedir responsabilidad cuando determina que los elementos probatorios alcanzan para eso. Es el que le pide al juez en su dictamen que responsabilice a determinadas personas y lo hace en nombre de todo el Estado", mientras que el juez "tiene que seguir ese dictamen fiscal porque no puede ir más allá de lo que el fiscal establece".
"Si el fiscal no pide que se responsabilice a alguien, y por lo tanto pide el archivo, el juez está obligado a archivar porque no puede seguir adelante con las actuaciones", señaló.
