Por un lado el gobierno plantea reformar la ley de acceso a la información pública, que permite a cualquier persona solicitar información al Estado y obliga a este a responderle. Esta ley ha permitido que la ciudadanía pueda ejercer este derecho a un solo click de distancia y ha sido una de las innovaciones más significativas de la democracia uruguaya. La ley ha sido clave para que Uruguay se una con bastante dignidad a foros internacionales sobre transparencia y gobierno abierto aunque aún falte un largo camino para tener una normativa ideal. El gobierno plantea en el artículo 37 una reforma a aspectos claves que podrían darle al Estado más discreción para evitar la entrega de información pública, así como establece modificaciones a los procesos en los cuáles el Estado puede declarar información pública reservada.
La sociedad civil ha marcado sus diferencias con el contenido de la norma. Dentro de lo más preocupante está la inclusión de una nueva excepción que indica que el Estado puede reservar información pública si afecta procesos de control, evaluación, investigación o deliberación hasta que los mismos culminen. Una interpretación amplia de la norma puede llevar a situaciones absurdas que argumenten que como no se ha tomado una decisión, la ciudadanía no debe conocer sobre un tema dado. Además de que utilizar excepciones de esta clase siempre va a provocar medios informales para liberar información (filtraciones), la propuesta es redundante en el elenco de excepciones que ya tiene la ley.
Otro ejemplo bastante funesto de esta rendición es la extensión de los derechos de autor en el artículo 218 de la misma rendición, afectando de forma directa el patrimonio cultural del Uruguay, y en el fondo, de lo que uruguayos y uruguayas podemos acceder libremente en términos de cultura. El gobierno, bajo presión de la sociedad civil ha retirado este artículo.
Desde DATA Uruguay hemos seguido con preocupación los hechos, pues más allá de lo sustantivo, la forma de proceder que no respeta la necesaria discusión de temas que afectan derechos esenciales de las personas. Uruguay ha firmado un compromiso de gobierno abierto en el marco internacional donde los pilares del mismo son la participación, la colaboración y la transparencia en la toma de decisiones. En el fondo esta clase de compromisos suponen un mayor nivel de consulta a la ciudadanía en varias de estas políticas, algo que de hecho Uruguay debería hacer antes de octubre próximo. Generar consultas públicas es una práctica que gobiernos que buscan democratizar la gestión y la toma de decisiones deberían tomar más seriamente.
La inclusión de normas sustantivas en materia derechos en los procesos presupuestales sin tomar en cuenta a la ciudadanía impide que como sociedad arribemos a decisiones más informadas, de mejor calidad y posiblemente más consensuadas. Generalmente esa clase de decisiones son las que llevan a los países a tener instituciones sólidas, que no pueden ser meramente arrolladas por el próximo ómnibus de turno.
FabrizIo Scrollini realiza un doctorado en temas de transparencia y acceso a la información pública en la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres. Integra la asociación civil Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información (DATA) que trabaja por el acceso a la información pública y los datos abiertos para el desarrollo humano.
Las opiniones vertidas en las columnas son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente posiciones del Portal 180.
