Durante la audiencia pública cumplida este lunes, en el marco de lo establecido por la ley de medio ambiente, otros vecinos de la zona se manifestaron a favor y esto generó gritos e insultos.
El primero en hablar fue Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, y lo siguió Raúl Sendic, entonces presidente de Ancap, empresas integran Gas Sayago. Los dos hablaron sobre la necesidad de construir la planta regasificadora y la transformación de la matriz energética.
Luego habló la gerenta de Gas Sayago, Marta Jara. Dijo que la etapa de construcción durará 19 meses. Se construirá una escollera de 1.5 kilómetros con dos muelles. En uno se instalará permanentemente un barco regasificador y el otro será ocupado por los barcos metaneros que traerán el gas natural licuado.
Desde la escollera parte un gasoducto subacuático de 3 km que entra en tierra en la zona de Punta Yeguas y sigue hasta la zona de Los Bulevares en ruta 1 donde se entronca con el Gasoducto Cruz del Sur, construido inicialmente para traer gas natural desde Argentina.
La escollera estará a 2.5 kilómetros de la costa. La gerenta de Gas Sayago dijo que la ubicación es la adecuada y que la planta es más segura que cualquier otra industria e incluso provocará menos muerte que las ocurridas a nivel doméstico
Jara atendió a una de las objeciones realizadas por los vecinos en los días previos, que cuestionan la ubicación de la planta. Dijo que no existe una distancia mínima y que se evalúa caso por caso. Dijo que hay plantas ubicadas en Bostón o la Bahía de Tokio, por ejemplo, que están ubicadas a un kilómetro de los centros poblados. “Nuestra planta si obtiene el permiso ambiental se va a ubicar a dos kilómetros y medio de la costa. Lo menciono solo como referencia porque en realidad no existen distancias mínimas. La práctica es hacer un estudio caso por caso”, afirmó.
Jara dijo que el estudio tomó las hipótesis más conservadoras y determinó que el emplazamiento era adecuado. Agregó que nunca en la historia que tiene esta industria se dio una pérdida de producto masiva y aseguró que es imposible que un accidente alcance los centros poblados.
Para terminar Jara dijo que la planta es más segura que cualquier otra industria e incluso provocará menos muerte que las ocurridas a nivel doméstico.
Guillermo Piñeiro, licenciado en Geología, integrante de la Coordinadora de Vecinos del Oeste, le respondió a Jara. Dijo que los barcos circularán a una distancia menor que los 2.5 kilómetros a los que estará la escollera. Dijo que lo que importa es que si un barco tiene un accidente en el borde de la zona de operaciones o vuelca en un temporal en una zona más próxima a la costa, menor a los dos kilómetros y medio.
Piñeiro dijo que no es cierto que no hayan ocurrido accidentes con muertes. "Hay unos cuantos incidentes, accidentes y muertes", dijo.
Luego habló la responsable técnica del Estudio de Impacto Ambiental, Alessandra Tiribocchi. Durante la audiencia describió 8 impactos potencialmente significativos.
Tiribocchi detalló tres impactos significativos negativos: La planta tendrá impactos sobre los usos de la tierra por donde pasa el gasoducto (se prohíben la mayoría de los usos en una franja de 20 metros), sobre la pesca artesanal (no se podrá pasar por la zona costera durante la construcción ni en una radio de 1.2 kilómetros durante la operación), y por último, un impacto significativo sobre el paisaje visto desde la playa. Para estos impactos no existen medidas de mitigación posibles y se compensará a los perjudicados.
Tiribocchi dijo que no habrá impactos significativos sobre la temperatura del agua, ni se afectarán las playas del este de Montevideo por la extracción de arena del banco de Arquímedes que podría modificar el oleaje.
En la audiencia también se habló de los impactos sociales. Durante la etapa de construcción de la escollera habrá un pico de 400 trabajadores contratados y 150 trabajadores demandará la construcción del gasoducto. La empresa adjudicataria de las obras asignará entre 50 y 60 puestos a los trabajadores de la zona.
Durante la etapa de operación trabajarán 35 personas (10 puestos la empresa promete que serán para pobladores de la zona).
Los vecinos están preocupados porque las obras y la instalación de un puerto traigan consigo un aumento de explotación sexual infantil a la zona. Así lo expresó Verónica Lara, de la Coordinadora de vecinos del Oeste durante la audiencia. “Todos sabemos el ambiente que se genera en el entorno de los puertos”, señaló.
El responsable del estudio de impacto social, Héctor Villaverde, dijo que el proyecto implementará medidas para prevenir el desarrollo de la explotación sexual infantil. Afirmó que el hecho de que los camioneros no permanezcan mucho tiempo en el puerto ayudará a que no se desarrollen esas prácticas.
Los vecinos de la Coordinadora de vecinos del oeste también objetaron el proceso de consulta pública. Diego Rodríguez dijo que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no tuvo en cuenta la opinión de los vecinos. "Hemos presentado informes y no se nos ha tenido en cuenta", dijo.
