Según el Grupo Medios y Sociedades (GMS) de esta manera se vuelve a "poner sobre el tapete la criminalización de la actividad periodística".
Este martes se realizó en el Juzgado Letrado de Carmelo una segunda audiencia por esta denuncia, motivada por un informe sobre irregularidades con las multas de tránsito en ese departamento, que publicó EL ECO el sábado 5 de octubre de 2013.
La denuncia fue presentada por el jefe de Inspectores de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez Torterolo, contra periodistas de EL ECO. El jerarca afirma que es totalmente “falsa” la información aparecida y que se sintió atacado en su persona.
El medio sostiene que existe una investigación administrativa en la Intendencia sobre el manejo del tema multas e incluso que la Junta Departamental se está ocupando del tema. Este martes se reconoció en la audiencia que hay más de 300 multas "mal archivadas".
La ley 18.515 aprobada en 2009 despenalizó los delitos de comunicación y establece que no tiene responsabilidad aquella persona que difunda información de interés público, sobre funcionarios públicos, sin mediar real malicia.
El GMS llamó a jueces y fiscales a recordar que esta ley "obliga a los operadores de Justicia a interpretar los conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del sistema universal de protección de los derechos humanos".
