El pedido quedó en suspenso porque la defensa alegó la inconstitucionalidad de este delito.
Lorenzo argumentó en su defensa que nunca fue garante y que no tenía autoridad para serlo. El fiscal dijo que existen elementos probatorios de que el Ministro de Economía y el Presidente del Banco República interfirieron propiciando una preferencia totalmente inaceptable e ilegítima a Cosmo.
El fiscal, sin embargo, reconoció que no observó intenciones de enriquecimiento ilícito en los funcionarios del Estado.
Gómez señaló que el 1° de octubre de 2012, horas antes de la subasta de los aviones de la ex Pluna, Lorenzo llamó al presidente del BROU por el aval de la empresa Cosmo. “El ministro de Economía abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente, operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la ex Pluna”, señaló.
El fiscal señala la responsabilidad de Calloia porque "dicho respaldo fue dado por el Presidente del B.R.O.U que, aceptando esta situación irregular, instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva, Cosmo fuera el único mejor postor”.
Dice Gómez que “desde luego que dichas actuaciones exceden la mera irregularidad administrativa, determinando una clara desigualdad con respecto a las restantes empresas interesadas en participar en la subasta. Se trata de verdaderos actos arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan los indagados, en virtud de sus respectivos cargos públicos”.
El fiscal explicita en su escrito que no observó intenciones de enriquecimiento ilícito en los jerarcas del Estado: “cabe admitir en la especie, que la arbitrariedad en principio constatada, no evidencia una intención de enriquecimiento personal por parte de los indagados u otro fin específico, no dejando por ello de ser antijurídica, motivo por el cual estima esta Representación Fiscal, que estamos justamente frente a un delito de abuso innominado de funciones, y no a un delito autónomo o específico”.
La defensa de Lorenzo
Lorenzo dijo en su defensa que sabía las posibilidades y limitaciones que tenía su cargo. El fiscal pone en su escrito un párrafo donde Lorenzo explica su accionar.
“La solicitud que le estaba haciendo es una solicitud que solo puede hacer el Ministro de Economía al Presidente del BROU en persona, porque de acuerdo a la nueva Carta Orgánica de la institución, el presidente era el único funcionario del BROU que podía respaldar a sus servicios para emitir un aval de esta empresa o de cualquier otra a tres horas de la subasta, sin mediar reunión de directorio. Lo sé, porque la nueva Carta orgánica la redactó el Ministerio de Economía y me tocó a mí defenderla ante el Parlamento”, señaló Lorenzo.
El ministro agregó en su declaración que no tenía facultad legal ninguna ni “autoridad directa sobre el presidente o ningún integrante del BROU como para inmiscuirme en la toma de decisiones que involucra a la institución en materia de su operativa crediticia”. Lorenzo dice que está seguro de que “el presidente del BROU jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta” solo porque él se lo pidió. “No es explicable ni tendría fundamento alguno”, dijo.
Gómez expresó que “en definitiva afirma Lorenzo que su llamada a Calloia fue "para conseguir la cooperación del BROU para que quienes podían ser participantes en la subasta llegaran a serlo si estaba en condiciones". Pero el fiscal señala que “a pesar del legítimo esfuerzo del denunciado por destacar cualquier otra vinculación con el otorgamiento del cuestionado aval bancario, emergen relevantes elementos probatorios que respaldan lo contrario”.
La participación de Lorenzo y Calloia
El fiscal narra los hechos previos a la subasta: el 27 de setiembre, Lorenzo junto al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, recibió en reuniones separadas a dos de tres interesados en participar en la subasta.
La primera reunión “aparentemente” se concretó con el Sr. Molinari y su grupo, quienes comunicaron su interés en participar, afirmando poseer el aval necesario emitido por Sancor Seguros. Acto seguido, se reunió con el Sr. López Mena quien por el contrario informara que no se presentaría en la subasta, pero realizaba gestiones para que sí lo hiciera otra empresa (no la menciona), la cual estaría tramitando el aval correspondiente ante el Banco República. El ministro aclaró que recién sabría la denominación de la empresa al momento de la subasta.
Luego, el día 28 de setiembre, se comunicó telefónicamente con Calloia para informarse sobre la tramitación de los avales, enterándose que había dos empresas gestionándolos.
Los hechos que los involucran
Según Gómez, Lorenzo concedió el respaldo orgánico del Ministerio de Economía y Finanzas en favor únicamente de la aerolínea española Cosmo S.L –“desconocida en el mercado regional, y tan solo una de las cuatro interesadas en participar del remate de las siete aeronaves Bombardier (…) -los otros interesados eran el Grupo Molinari, Mont Fortelco y la Embajada de Venezuela- para que, en el exiguo plazo de dos o a lo sumo tres horas, obtuviera ante el Banco de la República, el otorgamiento de un aval de mantenimiento de oferta por la suma de 13.885.156 de dólares, sin exigir simultáneamente la presentación de contragarantía, en detrimento y clara desigualdad con las restantes interesadas”.
“Es contundente que al momento de otorgar el aval del 1° de octubre de 2012, el Banco República, no contaba con la información necesaria -ni siquiera mínima-, acerca de la empresa avalada”, agrega.
Además, la documentación acercada por Hernán Calvo era “harto insuficiente, y los tiempos para su concesión muy limitados”. “Éste se hizo presente ese mismo día en el edificio bancario próximo a las 13 horas, y el remate se celebraría a las 15 horas en la zona del Prado”, señala.
“La declaración del Gerente Ejecutivo de División Empresas del Banco República, es muy ilustrativa en este último aspecto; a saber declara: ‘recibo la llamada de Calloia. Me pregunta sobre el aval, le comunico las condiciones que me había dado el solicitante para la misma y que al ser una firma extranjera que no tenía antecedentes en el banco y el solicitante no había ofrecido ninguna garantía en su respaldo, no podíamos considerar la garantía de mantenimiento de oferta. A lo que me indica que se trataba de un tema de interés nacional, que él tenía el consentimiento de los directores del banco necesarios para la aprobación del aval’”.
“Los argumentos excusatorios manejados por ambos profesionales son inadmisibles”, señala Gómez, y agrega: “No es concebible que en un Estado Democrático de Derecho, en un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional, y se crea en forma excepcionalísima un Fideicomiso de Administración por la Ley 18.931, con el fin de procurar la transferencia de los activos de Pluna a un nuevo titular a través de un procedimiento competitivo público de adjudicación, nada menos que el Ministro de Economía, y el Presidente del Banco República, interfieran propiciando una preferencia totalmente inaceptable e ilegítima, en relación a uno de los interesados en la subasta”.
