El defensor del vecino, conocido también como Ombudsman, contó que el año pasado 395 ciudadanos reclamaron por alguno de sus derechos ante su figura, y debido a eso, se les generó un expediente y un trámite de seguimiento. En el mismo tiempo, a 2.297 personas se las asistió sin generarles expediente, lo que quiere decir que se las asesoró y se las reorientó.
Rodríguez explicó que los reclamos que ameritan un seguimiento en la Defensoría del Vecino son aquellos en donde el ciudadano ya hizo el denuncia correspondiente (ante un Centro Comunal o la misma IMM) y no recibió respuesta o fue insatisfactoria.
“El vecino tiene que comprobarnos que ya hizo la gestión frente a la IMM y que pasó un tiempo prudencial de espera de respuesta”, indicó Rodríguez. “Nosotros no hacemos ninguna gestión que ya no haya hecho el vecino. Por ejemplo, vino gente que había llamado al Centro Comunal y no le habían atendido el teléfono. Pero así no podemos iniciarle el trámite”.
Con el fin de evitar estas consultas mal dirigidas, en el primer semestre del 2008 se creó el Área de Atención y Asesoramiento al Ciudadano.
De esta situación nace la hipótesis de Rodríguez de por qué en 2007 hubo 1.126 reclamos, mientras que en 2008 hubo 395. “Durante el primer año de la Defensoría atendimos una demanda latente. El primer día que abrimos las puertas, vinieron 85 ciudadanos”, contó el Ombudsman. En 2007 recibieron gente que ni siquiera se había comunicado con la IMM: “en 2008 no admitimos esos trámites, o mejor dicho, los reorientamos, fueron 2.297 ciudadanos reorientados”, indicó.
Quejas de pocos
Rodríguez discrepó con la visión de algunos jerarcas municipales que evalúan las quejas de forma cuantitativa. Si hay 100 ciudadanos insatisfechos en sus derechos (económicos, sociales, culturales o ambientales, amparados en el Pacto de San José de Costa Rica), “no se puede decir que se están vulnerando a unos pocos, porque lo cuantitativo no es lo fundamental: la responsabilidad del Estado es atender los derechos de todas las personas”, indicó.
Para que el Estado o el Municipio atienda esos derechos, hace falta que los llamados hechos por Rodríguez a los directores municipales sean tenidos en cuenta. “Si tengo que insistirle dos meses a un director para tener una entrevista, eso es una señal”, dijo.
Según él, la administración debe dedicarle tiempo al todas las propuestas del defensor del vecino, “lo que no quiere decir que tengan que responder afirmativamente en todos los casos”, aclaró.
Quejas montevideanas
En informe de gestión, presentado el martes en la Intendencia, se dieron a conocer las estadísticas del último año, con las recomendaciones hechas al gobierno municipal, además de las respuestas recibidas y de las que no llegaron.
Al igual que en el informe de 2007, la mayor cantidad de reclamos se refería al arbolado, lo cual era “esperable” según dijo Rodríguez. En Montevideo hay unos 70.000 árboles tratados “que por mucho tiempo no van a dar problemas: eso es un avance en materia de prevención de nuevos reclamos”. Pero por otro lado, Rodríguez afirma que “se ha sido bastante ineficiente en resolver sobre los que ya tienen problemas”, como cuando se reclama por árboles que rompen el saneamiento, un muro o una casa. “No se están atendiendo bien las urgencias ni tampoco se hace la reposición oportuna de aquellos árboles que caducan en su vida útil”, concluyó.
Puntualmente en el caso del arbolado, la Defensoría del Vecino propuso generar un plan de poda a 10 años que contemple el mantenimiento, la atención de urgencia y la reposición a tiempo de los árboles que envejecen.
Rodríguez resaltó que es importante que cuando los reclamos sean colectivos, se realicen de forma conjunta. “Si trabajáramos caso a caso en el tema de arbolado, de contaminación acústica o del refinanciamiento de deudas, sería muy poco lo que lograríamos”, señaló.
Eso pasó con el tema de los escenarios de Carnaval: "venía una persona a quejarse y le preguntábamos si había conversado el tema con sus vecinos y nos decía que no. Entonces dijimos: conózcanse entre ustedes y hagan una reivindicación colectiva”, contó.
Rodríguez opinó que Uruguay aún no tiene “el ejercicio suficiente para diseñar políticas públicas incluyendo políticas presupuestales, en clave de derechos humanos” ya que la respuesta que recibe desde la IMM es que “falta presupuesto”.
