La reciente aprobación del Derecho al olvido en Internet en la Unión Europea puso el tema sobre el tapete. El 13 de mayo, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que los buscadores de Internet deben retirar enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que son lesivas para alguna persona y carecen de relevancia”, de acuerdo a El País de Madrid.
El artículo 15 de la ley 18.331 de Protección de Datos vigente en Uruguay brinda el “derecho a solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales que le corresponda incluidos en una base de datos, al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular”.
María José Viega, directora del área de Derechos Ciudadanos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), contó un caso sucedido en Uruguay en el que se tomaron medidas de protección de datos.
“Un ciudadano argentino figuraba en el sitio de Presidencia por una multa que había recibido. Presentó la solicitud de retiro de la información -porque se sentía identificado-, así que dimos vista a la Presidencia de la República que, inmediatamente, bajó la información. El hombre pagó la multa y entendía que no tenía por qué estar ahí ya que era una infracción menor y al ser un empresario lo perjudicaba”, contó Viega.
Además, explicó que, a partir de un reclamo de alguien que pidió que desapareciera de los buscadores una resolución judicial que lo afectaba, se tomó una medida que afectó a todos los organismos públicos. Desde entonces, todos utilizan un algoritmo de protección de datos para publicar información en sus sitios sin aparecer en los motores de búsqueda como Google.
Roger Rodríguez, responsable de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Intendencia de Montevideo, agregó otro caso a la lista. Sucedió que una persona había ganado un concurso de la Intendencia y renunció al cargo, porque había ganado otro concurso en otra dependencia estatal. Al renunciar, un desajuste burocrático hizo que mientras hacía un expediente dando su dimisión, este no se tomó en cuenta y se le despidió por otro lado.
Además, la persona falleció tiempo después por lo que, al buscarlo en Google, “surgía una situación en la cual había sido despedido, otra en la que había sido aceptado y otra en la que se ratificaba el despido”, explicó Rodríguez. La familia realizó el pedido para retirar esos datos y la Intendencia accedió.
Según supo No toquen nada, en Uruguay todavía no hay un nivel de demandas tan grande como para cambiar la ley. Sucede que entran en conflicto muchos intereses y derechos: el del olvido, el de la privacidad, el de la protección de datos personales o el de encontrar información en la red. Esto hace que sea necesario resolver caso a caso. En Europa sigue siendo Google el que tiene autoridad para decir qué se puede olvidar o no.
