El Corredor Garzón nació como un BRT (Tránsito Rápido por Autobús). Para eso el BID le prestó 80 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo en 2008 y la comuna resolvió aportar 20 millones más. El beneficio era para unos 260.000 pasajeros, pero la obra terminada no llegó a ser un BRT.
La OVE evaluó los resultados del proyecto y las conclusiones de este trabajo fueron publicadas en junio de 2015. Este organismo es un ente independiente del BID, que está encargado de “evaluar externamente su trabajo y funcionamiento, para así ayudar a la institución a mejorar su efectividad en el desarrollo”.
En su informe, la OVE sostiene que “las reformas operativas esenciales no se implantaron debido a la escasa capacidad institucional y técnica de la municipalidad, y el fracaso de las negociaciones con las empresas de autobuses establecidas, consolidadas y bien organizadas”.
Además se agrega que el diálogo con las empresas montevideanas de transporte colectivo fracasó. Para el proyecto se eligió un corredor descongestionado, el Garzón, pero su éxito dependía de medidas complementarias como la reestructuración de las líneas de autobuses, la modernización de la flota, la utilización de sistemas de pago electrónico fuera del vehículo, el abordaje a nivel del autobús y las reconfiguraciones de los semáforos. Sin embargo, ninguna de estas reformas se hizo. “El bajo nivel de capacidad técnica, la falta de reformas institucionales sólidas y el poder político de las empresas de autobuses impidieron la aplicación eficaz de esas medidas esenciales, lo que afectó negativamente los resultados del proyecto”, sostiene el OVE.
La reestructura de las líneas de autobuses fue considerada “una amenaza para los empleos, el control del cobro y distribución de las tarifas, y la prestación de servicios”.
En el informe se afirma, que el Departamento de Planificación Urbana de la Intendencia señaló que “CUTCSA, en particular, se mostró escéptica con respecto a un proyecto que supondría una participación más equitativa y coordinación entre todas las empresas operadoras de autobuses”,
Las conclusiones del informe de la OVE son similares a las que llegó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que accedió No Toquen Nada, y que todavía no fue publicado.
El informe del BID analiza el fracaso del Corredor Garzón y señala que la Intendencia tuvo “debilidad” para negociar con las empresas que ganaron la pulseada al no perder ingresos por reducción de servicios. Además, agrega que la implementación del corredor “respondió a las demandas de las empresas y los trabajadores”.
El intendente electo, Daniel Martínez, dijo que su idea es utilizar sistemas BRT para mejorar la velocidad en el transporte público.
Martínez reconoció en No Toquen Nada que la presión de las empresas puede ser grande, pero dijo que negociará. “¿Qué hacemos?, ¿esperamos que se caiga solo el sistema y reviente, se cae de a pedazos?”, se preguntó. También agregó que la posición del presidente de Cutcsa, Juan Salgado, como asesor presidencial no lo condiciona. “La razón tiene que prevalecer sobre otro tipo de interés. No nos olvidemos que el transporte público es un servicio público, concesionado a privados, pero el eje tiene que ser solucionar los problemas de los ciudadanos. La razón es cumplir con el buen servicio. Si porque Salgado sea asesor presidencial vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer estamos todos locos”, sostuvo.
