La obra costó cerca de 12 millones de dólares y contó con financiación público-privada.
El 80% de su costo fue asumido por la empresa Las Garzas Blancas SA, dirigida por empresario argentino Eduardo Constantini.
El diseño del proyecto fue realizado por el arquitecto uruguayo Rafael Vignoli y la construcción por la empresa Saceem.
Es un puente circular que se construyó sobre el agua, sin usar balsas, y con un año de plazo para su realización. Se compone de un tramo central circular de 51,5metros de radio (323 metros de longitud), y dos tramos rectos en los accesos de 46 metros aproximadamente de longitud.
Constantini dijo El Observador que invirtió 8 millones y que en principio había pensado invertir 2,5.
El gobierno aprobó la construcción del puente en febrero de 2012. Pero el proyecto está en agenda desde fines de 2008, cuando el empresario argentino firmó un acuerdo con el Ministerio de Transporte y las intendencias de Rocha y Maldonado para urbanizar una parte de la Laguna Garzón y hacer un puente que una los dos departamentos.
Constantini compró 240 hectáreas sobre la orilla de Rocha para hacer construcciones exclusivas en un barrio privado que se llama Las Garzas Blancas. La inversión total rondó los 30 millones de dólares. Dentro de este plan fue que el empresario se comprometió a construir el puente y cederlo al Estado.
El empresario dijo en noviembre a El País que se demoró mucho tiempo porque “el diablo metió la cola” en el medio del proceso.
“Si podíamos construir el puente se hacía viable el desarrollo de Las Garzas. Esa fue la decisión que tomamos. Como el diablo metió la cola fueron muchos años, fue una cuestión de fondo de la discusión del impacto ambiental del puente, que esencialmente es el impacto del desarrollo que se produce desde el otro lado del puente en el partido de Rocha”, expresó.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente otorgó la autorización ambiental previa para la construcción del puente en enero de 2013. La exigencia para su construcción fue que la Ruta 10 de José Ignacio al puente y el tramo que va desde el puente hasta La Paloma dejen de ser una ruta nacional y se transformen en un camino interdepartamental para evitar que pasen camiones pesados.
Además, se exigieron “límites reducidos” de velocidad en la circulación y un plan “en consonancia con los objetivos de conservación y criterios de manejo del área protegida propuesta” para la zona.
La zona tenía muy pocas intervenciones. Hasta ahora, la laguna solo se cruzaba en balsa y lo más cercano a un puente fue la mitad de uno que se construyó hace 65 años. Por eso en la resolución de la Dinama se estableció que “no se podrán colocar elementos sujetos al puente que puedan interferir en la navegación o desplazamiento de peces y aves”.
