Lima fue condenado en el juicio que le entabló la edila frenteamplista Dayana Añasco. El intendente la había acusado, con otros dos ediles, de haber adulterado boletas de gastos de viáticos. Originalmente habrían sido por 449 pesos y las habrían cambiado a 4.449 pesos, según los acusó Lima en una conferencia de prensa.
La edila lo denunció por difamación y el juez Hugo Rundie falló a su favor, condenándolo a ocho meses de prisión. Sin embargo, el magistrado le concedió a Lima el beneficio de suspensión condicional de la pena por tratarse de una persona sin antecedentes penales.
De todos modos, el fallo no está firme y la defensa de Lima tiene tres días para apelar. Por tanto, no tiene efectos inmediatos y el intendente puede seguir ejerciendo el cargo.
La defensa de Lima había solicitado que no se le suspendiera la ciudadanía para que pudiera seguir ejerciendo su cargo. Sin embargo, el portal del Poder Judicial informa que “el magistrado señaló que 'al ser pena de prisión es aplicable el artículo 82 del Código Penal'. Dicha norma establece: la pena de prisión lleva consigo la suspensión del cargo y oficio público, profesiones académicas y derechos políticos”.
Esto deberá dirimirse una vez que el Tribunal de Apelaciones confirme o revoque el fallo en primera instancia. El proceso puede durar meses, informó Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia.
“La sentencia no está firme y por tanto no se puede cumplir todavía. La situación del intendente está incambiada. Si la defensa presenta la apelación, como presumimos que lo va a hacer, el expediente tiene que elevarse al tribunal de Apelaciones. Van a pasar meses antes de que sepamos cuál es la resolución”, explicó Oxandabarat.
Además, el vocero explicó que en caso que la sentencia de primera instancia sea confirmada por el tribunal de alzada se daría “una discusión de derecho”. Habría que dirimir si la suspensión de la ciudadanía y la posibilidad de ser elegido que supone una sentencia con prisión sigue vigente si, como en este caso, el condenado fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena. Quien deberá resolver, además, no es el Poder Judicial sino la Corte Electoral.
