Desde julio del año que viene, con el nuevo Código del Proceso Penal, las víctimas tendrán derecho a una representación legal gratuita si no pueden pagar un abogado. La Facultad de Derecho ya anunció que instalará consultorios jurídicos con estudiantes y docentes. Pero para la Asociación de víctimas esto no es suficiente y plantean que las víctimas deberían tener garantizada la asistencia de abogados recibidos y, en lo posible, defensores de oficio.
Graciela Barrera, presidenta de Asfavide, dijo a No toquen nada que “en los consultorios jurídicos que van a estar en Asfavide, se va a hacer un seguimiento del juicio. Pero nosotros necesitamos no estudiantes avanzados de Derecho sino que ya tengan título. No sé cómo se puede contemplar eso una vez que empiecen a funcionar los consultorios”.
“Si los consultorios trabajan con abogados por ahí se puede implementar. Ahora si son estudiantes con docentes ahí la cosa cambiaría”, agregó.
El nuevo Código del Proceso Penal comenzaría a regir el 16 de julio de 2017 y cambia completamente el rol de la víctima: tendrán derecho a la asistencia de un abogado si no pueden pagar uno.
En junio de este año el Ministerio del Interior participó de la firma de un convenio entre Asfavide y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Allí el decano de Derecho, Gonzalo Uriarte, dejó claro que los consultorios jurídicos que trabajarán con las víctimas serán llevados adelante principalmente por egresados de Derecho. En esa instancia el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mencionó este convenio como la solución para la representación legal de las víctimas pero no habló de otras posibilidades.
Las víctimas reclaman que además de los consultorios participe la Defensoría de Oficio.
En junio la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán, sostuvo en No toquen nada que están en condiciones de asumir la representación de las víctimas pero aclaró que se necesitan recursos humanos, formación y, en particular, especialización ya que no es lo mismo representar imputados que víctimas.
“Es muy difícil con una estructura procesal de esta naturaleza que entra a regir poder saltar del patrocinio de la víctima al patrocinio del imputado. Eso va a ser servicio de calidad de media a media baja. Por eso reclamamos que lo que tiene que haber es un diseño diferente. La Defensa Pública tiene todas las condiciones para patrocinar a la víctima cuando se especializa en ese rol”, consideró Berezán.
Graciela Barrera afirmó que los servicios de la Defensoría y los consultorios no son excluyentes. Deberían estar ambos.
Los consultorios jurídicos en Asfavide son “el primer paso”. “Es el puntapié inicial de algo que nunca existió pero tenemos que seguir trabajando para poder lograr los defensores de oficio que sigan las alternativas de cada juicio”, señaló.
