Este dictamen, al que accedió No toquen nada, surge de la denuncia presentada en diciembre ante el Ministerio de Educación y Cultura por un grupo de voluntarios de Cruz Roja Uruguay y presidentes de sedes departamentales de la Cruz Roja.
Los voluntarios denuncian, entre otras cosas, que hubo irregularidades en el manejo de las donaciones para los damnificados en Durazno y Dolores y que las pasadas elecciones presidenciales de Cruz Roja Uruguaya fueron ilegítimas.
La intervención del Ministerio de Educación y Cultura (facultado a aplicar sanciones a asociaciones civiles y fundaciones que incurran en infracciones), según el dictamen de la fiscal de segundo turno Miriam Areosa, debe “poner en orden la situación administrativa y contable” de la institución y realizar elecciones en el marco de los estatutos.
“Subsiste la duda razonable acerca de la probidad de la gestión y la legitimidad estatutaria, sin contar en autos con una prueba fehaciente que constate la regularidad de la institución, por consiguiente la Administración debe solicitar al Poder Ejecutivo la intervención”, dice el dictamen de la fiscal.
Antes de la intervención, se notificó a las partes (denunciantes y denunciados) y estas pueden presentar una denuncia ampliada (en el caso de los denunciantes) y sus descargos (en el caso de los denunciados).
El texto de la denuncia dice que “el Comité Departamental de Soriano, se enteró por la prensa, medios nacionales, publicaciones y canales de televisión de las donaciones que varias organizaciones realizaron a través de Cruz Roja Uruguaya, depositando sumas importantes de dinero”. Sin embargo el comité departamental afirma que “no ha recibido” ese dinero “hasta la fecha”.
Según se enumera, el BBVA donó en el entorno de 2.500.000 pesos y 34.000 dólares, Mc Donalds 250.000 pesos, Paganza 590.000 pesos. “El Consejo Departamental de Soriano no recibió dicho dinero y el Consejo Local de Dolores al consultar por él, fue condicionado a presentar un proyecto para acceder al dinero donado por BBVA, y ni siquiera en su totalidad”, dice la denuncia.
“Para terminar, el acoso y persecución dentro y fuera de la institución es constante, se desvinculan voluntarios con amplia experiencia y formación por denunciar las irregularidades que viven en la institución y no por los procedimientos previstos por el estatuto sino de forma arbitraria. Del mismo modo se despiden funcionarios por denunciar y unir esfuerzos para la construcción de una institución honesta”, agrega.
También se señalan trabas para la capacitación en ayuda humanitaria de los voluntarios, “evitando la formación de recursos tan valiosos para atender nuestro mandato”.
Además se denuncia el trato “deshumanizante” de la casera de la institución, María del Carmen Giordano.
“Las condiciones de la vivienda dejan de lado la humanidad que debemos predicar en una institución que ve por los más vulnerables (estado de baño, cocina, lamentable). Esta familia es víctima de extorsión y amenazas constantes, incluso se las deja encerradas en áreas sin permitirles pasar a las áreas comunes de convivencia, prohibiéndoles tan siquiera hablar con los voluntarios o funcionarios de la institución”, afirma la denuncia.
