Educación inclusiva: incumplimiento y 30 años de atraso

Uruguay tiene un modelo de educación inclusiva para personas con discapacidad que no es el que recomienda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y está 30 años atrasado, según Facundo Chávez, asesor de Naciones Unidas.

Actualizado: 27 de setiembre de 2016 —  Por: Emiliano Zecca

Educación inclusiva: incumplimiento y 30 años de atraso

ADHOC ©JAVIER CALVELO

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas criticó que en nuestro país todavía “prevalece una educación especial y segregada a todos los niveles, con evaluaciones basadas en las discapacidades de las personas”.

“Lo que existe es un sistema de educación general y uno especial, que está diseñado mayormente para personas con discapacidad intelectual. Esto, en el marco de los derechos humanos, se ha desarrollado desde diferentes perspectivas y en los últimos 30 años la conceptualización de que las personas con discapacidad deben estar en escuelas especiales cambió y eso ya no debe ser más así”, dijo a 180 el asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado Facundo Chávez.

La crítica del comité y del asesor Chávez es parte de la respuesta al informe de cumplimiento de la Convención de Personas con Discapacidad que Uruguay presentó en 2013.

El comité de Naciones Unidas está compuesto por 18 expertos y recibe el informe que le envía cada país. Luego lo revisa bajo el marco de la convención y se expide, sin un fin sancionatorio.

Chávez ocupa el cargo de asesor desde 2013. Tiene una maestría en derechos humanos y discapacidad de la Escuela de Leyes de Washington, American University. Fue vicepresidente de la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias, y trabajó como abogado en el área de discapacidad de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

En el documento de Naciones Unidas la educación es uno de los puntos a los que se hace referencia.

La crítica es a un modelo que no se recomienda porque separa y excluye a los alumnos del sistema educativo, pero también se muestra “preocupación” porque en nuestro país no existe una formación en educación inclusiva para maestros.

El informe dice que esto impide la transición a un sistema de educación inclusivo y por eso se aconseja que el Estado uruguayo desarrolle e integre los derechos de las personas con discapacidad como elemento obligatorio en la formación de docentes.

“Preparo docentes para educar estudiantes para entrar en un criterio de normalidad, como si esos estudiantes fueran todos lo mismo, cosa que no es cierta. Seguramente, si vos y yo nos ponemos a conversar sobre las formas en las que aprendimos, sea en educación primaria, secundaria o terciaria, seguramente, vamos a poder encontrar enormes diferencias en las formas en que nosotros dos aprendimos. Es muy variable y depende mucho de cada persona. Esto se aplica para los estudiantes también. Hay algunos que aprenden más desde la práctica y otros desde lo visual o de la discusión con otros. Tener en cuenta eso ayuda a la calidad de la educación y a que se pueda meter a distintos tipos de personas en el sistema educativo”, explicó Chávez.

Un plan para lograr la inclusión

El Comité también le recomendó al Estado uruguayo que implemente un plan con una hoja de ruta para lograr esa transición hacia la educación inclusiva de calidad.

Esto debe hacerse hasta el nivel superior, capacitando a docentes y disponiendo de los apoyos y recursos necesarios, tales como el Braille y la lengua de señas y en particular que se tome en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.

“Uruguay tiene muchos avances e incluso, en base a la gente que escuché y trabaja en el gobierno, hay una buena valoración de la educación inclusiva, hay prácticas que permiten que el estudiante ya esté en el aula y lo que falta es un plan que lo fomente, que alimente de recursos al sistema para que con los recursos que ya se desarrollaron en la educación especial se incorporen dentro del sistema y de esa manera se avance hacia una educación inclusiva”, afirmó Chávez.

La convención establece que los Estados tienen la obligación de tener un sistema de educación inclusiva porque permite el desarrollo de todas las personas, algo que se traduce en un beneficio para toda la sociedad.

“La escuela tiene como un objetivo importante la construcción de valores de una sociedad y eso debiera incluir los marcos no discriminatorios. Ahí es donde la educación inclusiva viene a resolver el problema, evita que en el día de mañana se repliquen los problemas que existen en la sociedad de observar a ciertas personas como menos. El valor de la educación inclusiva es reconocer que todos estén juntos, se reconozcan las diferencias y se valoren, y que en base a eso se construya una mejor sociedad”, expresó el asesor de Naciones Unidas.

Chávez dijo que la respuesta a esa incorporación no debe buscarse en la “eficiencia” de la persona con discapacidad, sino en el apoyo que reciba dentro del sistema educativo.

“Aquellos que tienen mayores necesidades de apoyo es probable que sean los últimos en pasarse al sistema de educación general porque nadie quiere pasarse a un sistema donde no va a ser considerado como un estudiante en igualdad de condiciones. Lo razonable es que esos estudiantes pasen progresivamente y después de que muchos hayan abierto el camino de entrada al sistema. ¿Cómo se incluye? La idea es generar un plan educativo para cada estudiante de acuerdo con sus propias capacidades, siempre tratando de lograr la mayor equiparación entre él y el resto. Me parece importante la mirada en esto y en vez de centrarnos en la exigencia a la persona y que tan severa es su discapacidad, debemos ver los apoyos de se le dan”, agregó.