“Tenemos que romper estigmas, con un bagaje cultural que se ha tenido sobre el tratamiento de este tema. Todos, cualquiera de los que estamos aquí, un familiar, un amigo, nos podemos levantar con un cuadro emocional que nos pueda invadir, un miedo, una obsesión, hasta quizás pensar en un intento de auto eliminación. Quiere decir que todos somos vulnerables a una alteración en un momento especifico. Todos tenemos que saber que puede ser modificable esa situación”, dijo la senadora frenteamplista Ivonne Pasada.
El proyecto fue votado por unanimidad en general, aunque la oposición planteó reparos con respecto a algunos artículos por su implementación.
El texto aprobado restringe la hospitalización y dice que solo “deberá llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social de la persona y será lo más breve posible”, en su artículo 24.
También propone el cierre progresivo de las instituciones asilares, aunque no especifica un cronograma o fecha.
¿Cómo debe ser la atención con este nuevo modelo?
La ley define en su artículo 16 que “debe realizarse preferentemente en el ámbito comunitario, en coordinación desde ese ámbito hacia los niveles de mayor complejidad cuando sea necesario. Esta atención se realizará en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial y estará orientado a la promoción, reforzamiento y restitución de los lazos sociales”.
La oposición cuestionó este punto. El senador blanco Javier García dijo que no hay profesionales en el interior para garantizar que la atención sea multidisciplinaria y que la ley no puede obligar a los prestadores a brindarla.
“Uno se pregunta si, ya no en todos los pueblos, en las capitales departamentales y ciudades más grandes del interior existen los especialistas que puedan integrar un equipo multidisciplinario para atender a un paciente con trastorno mental. No hablamos de especialistas con un grado de especificación, hablamos de psiquiatras y psicólogos, no existen”, sostuvo.
La Ley en su artículo segundo define el concepto de salud mental y también especifica qué debe ser considerado “trastorno mental”. “Es la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. La desviación social o el conflicto, tomados aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales, no deberán incluirse en la noción de trastorno”, expresa.
La senadora Pasada dijo que la ley modifica la vida de las personas y considera la autodeterminación del paciente, algo novedoso. “Ese es un elemento importantísimo, que sean capaces de tomar sus propias decisiones, a menos que se pueda probar lo contrario. Que tengan la posibilidad de hacerlo, algo que hasta el día de hoy no sucede”, afirmó.
El proyecto de ley se discutió durante todo el 2015. Pasada reconoció que las organizaciones sociales pusieron el tema en discusión y dijo que en comisión de Salud del Senado se recibió a la sociedad civil, sociedades científicas, universidad y aportes de diferentes órganos del gobierno. Durante su alocución mencionó a 28 organizaciones.
El órgano de control, ¿con o sin psiquiatras o psicólogos?
La ley crea un órgano de control que se llama “Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental”.
Esta comisión tiene 10 miembros y se encarga de controlar lo que pasa en todo el territorio nacional, puede actuar de oficio, requerir información y tramitar denuncias.
La integración es con dos miembros representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales deberá acreditar conocimiento, formación y experiencia en el tema de la salud mental. Además, uno de ellos la presidirá. Tres miembros representantes de la Universidad de la República designados uno a propuesta de la Facultad de Medicina, otro a propuesta de la Facultad de Psicología y otro a propuesta de la Facultad de Derecho. “Se observará que todos estén vinculados a la temática de la presente ley”, dice el texto. Un miembro representante de las organizaciones más representativas de los trabajadores de la salud mental, otros de las sociedades científicas vinculadas a la salud mental, otro vinculado a las “organizaciones más representativas de las personas con trastorno mental”, un representante de las “organizaciones más representativas de los familiares de las personas con trastorno mental” y uno más de las organizaciones de la sociedad civil en salud mental y derechos humanos.
El senador García del Partido Nacional dijo que no están de acuerdo en que no haya especificados psiquiatras o psicólogos en este equipo multidisciplinario. “Una cosa es pasar de un modelo medicalizado a uno multidisciplinario y otro es pasar a una comisión de 10 integrantes donde a texto expreso no tiene a ningún psiquiatra o psicólogo. Hay un acercamiento en el inciso primero, pero no es específico. Hay una cosquilla de que no exista eso”, señaló.
El senador comunista Marcos Carámbula le respondió y dijo que hoy son muchos los profesionales que pueden trabajar en el área. “Con la diversidad de formación que hay en el tema y el reconocimiento a otros sectores que trabajan sobre salud mental, no solo es un psiquiatra o psicólogo, sino que hay otros trabajadores capacitados con experiencia. Por lo tanto, entendemos que el artículo le da la jerarquía de tener una especialización en el tema, pero abre otras posibilidades”, afirmó.
