El pueblo británico votó a favor de realizar un despegue el 23 de junio, pero no decidió donde quería aterrizar. Este es el argumento principal que hemos escuchado desde la oposición respecto a los planes del gobierno sobre el Brexit. La mayoría a favor del referéndum fue contundente y son muy pocos los parlamentarios que quisieran atentar específicamente contra el resultado sin cometer un suicidio político. Pero la entramada madeja de tratados y leyes que hay que desentrañar para que el Reino Unido finalmente abandone la Unión Europea puede desembocar en destinos muy diferentes.
La dicotomía principal se halla en la elección entre “Hard Brexit” y “Soft Brexit”. El punto fundamental en juego es que abandonar la Unión Europea no significa necesariamente abandonar el Área Económica Europea (el mercado común europeo) donde se puede comerciar sin aranceles. Un “Hard Brexit” involucraría priorizar el principio migratorio por sobre el principio comercial, y abandonar totalmente el Área Económica Europea si esa es la única forma de controlar la política migratoria del país. Un “Soft Brexit” priorizaría los argumentos económicos e intentaría permanecer dentro del mercado común, pagando ese privilegio con algún tipo de concesión en materia migratoria.
Durante los últimos cuatro meses el gobierno conservador de Theresa May pareció inclinarse por un “Hard Brexit”, aunque la Primer Ministra ha sido deliberadamente evasiva y vaga respecto a la estrategia concreta de negociación. Los diferentes partidos de oposición han argumentado que un voto para salir de la Unión Europea no equivale a un voto para abandonar el mercado común, y que un “Hard Brexit” atentaría directamente contra los intereses del país.
Por eso la oposición británica ha demandado una y otra vez la posibilidad de tener voz y voto respecto sobre los planes para el Brexit, cuando Theresa May prefiere diseñar dicha estrategia solo con su gabinete de ministros. En palabras de la Primer Ministra, votar respecto a la estrategia en el parlamento significaría mostrarle a Bruselas las cartas de antemano y perder poder de negociación.
El veredicto expuesto por la Justicia el pasado día jueves le da la razón a la oposición británica y un dolor de cabeza a May. Gina Miller – nacida en Guyana y criada en el Reino Unido – una exitosa inversora y filántropa de la City, alegó que era ilegal que el gabinete de ministros activara el artículo 50 del Tratado de Lisboa para comenzar formalmente el proceso de retirada, sin consultar antes al parlamento. En otras palabras, el gobierno no tiene la potestad ejecutiva para negociar los términos de salida, sino que debe someter sus planes ante el parlamento. El veredicto de los tres jueces se fundamentó en un precedente involucrando a Sir Edward Coke en 1688-9. Se espera que May apele a la decisión en la Suprema Corte.
Las consecuencias de esta resolución continuarán resonando por meses. Nigel Farage – exlíder de UKIP y figura principal en la campaña del Brexit – habló de una traición que desembocará en un Brexit a medias. El parlamentario conservador, Ian Duncan Smith, dijo que la Corte no le puede decir al parlamento cómo hacer su trabajo.
La respuesta de la prensa sensacionalista – el pilar fundamental durante la campaña del referéndum – no se hizo esperar. El Daily Mail colocó una fotografía de los tres jueces involucrados en la demanda seguida del título: “Enemigos del Pueblo.” The Sun publicó una foto de la demandante y tituló: “¿Quién crees que eres?” seguido de, “La elite extranjera revoca el voto de los británicos.”
El marido de la Joe Cox (la parlamentaria laborista asesinada durante la campaña) emitió un tweet en respuesta a estos titulares: “Cualesquiera sean nuestras opiniones en torno al veredicto de la Corte, debemos dar un paso atrás y debatir en forma tranquila. Incitar al odio tiene consecuencias.”
El Partido Laborista ha demandado que el gobierno condene la reacción de la prensa amarillista en su intento de manchar la reputación de los jueces y poner en riesgo la legitimidad del sistema judicial.
Con una oposición laborista fracturada internamente, Theresa May y su mayoría parlamentaria han estado navegando estas aguas turbulentas con viento de cola, hasta ahora. Días atrás, el parlamentario conservador Zac Goldsmith renunció a su bancada en protesta por la aprobación del gobierno a construir una nueva pista de aterrizaje en Heathrow o Gatwick, una decisión con profundas consecuencias ambientales en una ciudad que ya sufre severos problemas de contaminación. El viernes 4 de noviembre renunció otro parlamentario conservador, Stephen Phillips, por estar en desacuerdo con la estrategia de la Primer Ministra hacia el Brexit. Esto añade fragilidad a una ya escasa mayoría parlamentaria.
Teniendo en cuenta que al menos 473 de los 650 parlamentarios votaron para permanecer dentro de la UE (incluyendo 185 conservadores), considerar la voz del parlamento le podría atar las manos a May en su estrategia para un “Hard Brexit.”
La ironía es evidente: el bando anti-UE diseñó su campaña alrededor del argumento de soberanía nacional, donde las decisiones británicas deben ser tomadas por el parlamento británico. El jueves pasado la Corte ratificó justamente que esta importante decisión debe ser tomada por el parlamento británico, desilusionando a los Brexiteers.
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