Más adelante en el noticiero, el periodista George Almendras le preguntaba al padre de la niña: “¿Qué pruebas tenés para argumentar que eres inocente?” Mientras para la Justicia cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, para Almendras el padre debía comprobar su inocencia. Además, le preguntó si no tenía remordimiento. Lo condenaba. “Se trata de un caso estremecedor, naturalmente la policía entiende que en el ámbito familiar está el responsable de la violación y de la muerte”, había agregado en el copete que presentaba la nota.

En Canal 10, un colega acotaba lo que había pasado con las otras dos hijas de la pareja, de seis y ocho años. “Una vez que el juez Fernández Lecchini se enteró de lo sucedido ordenó que las dos menores fueran internadas en el Hospital Pereira Rossell porque se estima que también fueron víctimas de abuso. Según supo la policía, aparentemente el hombre abusaba de sus otras dos hijas”, decía.

Términos como “aparente” y verbos en condicional ya se mezclaban irremediablemente con versiones que daban los hechos como confirmados.

Los equipos periodísticos de los tres canales privados se habían apostado frente a la casa del barrio Piedras Blancas, esperando la detención del padre, la madre y el tío de la bebé. Y en los interrogatorios a los que los sometieron no recordaron en ningún momento que aún no había culpables. La única que puede encontrarlos -la Justicia- no se había expedido.

Los presentadores de los noticieros, tampoco esperaron ese veredicto. Tras varios policiales, en Canal 10, se presentó la nota sobre este caso con un “es un día fatal, eh...”. “Una beba de 10 meses falleció mientras recibía asistencia médica en una policlínica de Piedras Blancas. Los médicos que la atendieron constataron signos de violencia y abuso”, se dijo. Tras calificar el hecho como “horrendo”, en Canal 4 se mezclaron seguridades e incertizas para decir que “una beba de 10 meses nada más, 10 meses, habría sido asesinada tras ser sometida a un abuso sexual. Fue en su propia casa del barrio Primero de Mayo. Están detenidos el padre, la madre y un tío de la bebé...” Contundente, Canal 12 comenzó el noticiero “con este tema que está conmocionando a la opinión pública en nuestro país. Estamos hablando del caso de violación y muerte de una beba de 11 meses”.

Al otro día, las páginas policiales de los diarios Últimas Noticias, El País y La República repitieron con el mismo tono y contundencia esa mirada sobre los “hechos”.

Esta cobertura fue idéntica a la que se utiliza todos los días en la crónica roja. Se toman las actuaciones policiales como sentencias y, en función de ellas, se crean víctimas y culpables. Los espectadores asisten al inicio de las actuaciones como si fuera el final de la historia.

Pasaron nada más que 24 horas y se comprobó que ninguna de las afirmaciones de las crónicas eran ciertas. Sólo era cierto que la beba había muerto.

Una médica había sospechado que podía existir violación porque la beba tenía el ano dilatado. Además una sustancia pastosa que tenía en la cola le pareció semen. Entonces, lo denunció a la policía y los agentes se lo contaron a la prensa. Fue suficiente. El padre ya era un violador que no solo había vejado a la beba sino que había sometido también a las otras dos niñas de la casa.

Nada era cierto. La intervención del forense, determinada por el juez, constató que la niña murió por una infección pulmonar. Que el ano estaba dilatado por un “fenómeno cadavérico”. Que no había rastros de penetraciones de ningún tipo. Y que el supuesto semen era crema contra las paspaduras.

Con esas pruebas, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini dejó en libertad a los detenidos.

Los canales y diarios informaron del nuevo giro que tomaron los acontecimientos. O, mejor dicho, la cobertura de los acontecimientos. Entrevistado por Canal 10, el magistrado recordó que quien debe confirmar que existió abuso sexual es el médico forense. “Lo que pasa es que antes de confirmar mediáticamente que se trata de una violación, hay que oír al médico forense. Esto creo que no debió manejarse”, afirmó.

No debió manejarse por las posibles consecuencias de una noticia de este tipo. Por ejemplo, la humilde casa de los detenidos fue saqueada. Y el acusado corrió riesgo de ser linchado por los vecinos. “Me partieron al medio”, dijo el hombre al quedar en libertad. “No puedo creer todo lo que dijeron”, lamentó.

Lo que sucedió el 17 y 18 de junio debería activar varias reflexiones. Primero, la reserva que debería tener la policía al manejar este tipo de indicios. Debería recordar que hasta que no sean sometidos al dictamen de un juez no son más que eso: indicios. Y esto también vale para los periodistas.

Si no se va a dosificar la cantidad de policiales que se cubre, porque está claro que la crónica roja da audiencia, al menos deberían extremarse los cuidados. Esperar los dictámenes de la Justicia, preservar la identidad de los niños y respetar a las personas involucradas incluso cuando sean sospechosas. Es que en general se trata de gente humilde, con bajo conocimiento del funcionamiento judicial y que, además, es abordada con todos los prejuicios que cada vez más tenemos los uruguayos para mirar la pobreza.

Es hora de que los medios salgamos de la cajita de cristal, asumamos que tenemos un rol en la sociedad y reconozcamos que en muchas áreas lo hacemos mal. El rigor, siempre, debería ser protagonista. Aún más cuando la vida de las personas está en el medio.