Según publica el diario La República este sábado, la fiscal afirmó que tanto Bordaberry como Blanco “estaban al tanto de los métodos represivos” que se utilizaron en la dictadura.
Guianze solicitó al juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, que se los condene como coautores responsables de delito "complejo de homicidio muy especialmente agravado".
De acuerdo a la acusación fiscal a la que accedió al matutino, la fiscal expresó: "En su calidad de gobernantes, actuando las políticas represivas que sembraron el terror en nuestro país, determinaron a sujetos de menor jerarquía a ejecutar los delitos, bajo compromiso de impunidad, los que se llevaron a cabo, además, con la previa conexión con autoridades argentinas, previendo la utilización de un aparato represivo trasnacional". Agrega que "sabían de las torturas que se practicaban en los establecimientos de detención, militares o policiales, y los aprobaban. Sabían que había muertos y desaparecidos como consecuencia de tales operaciones, habían recibido múltiples denuncias, documentadas, no sólo de familiares de las víctimas sino de organismos internacionales".
Además, la acusación de la fiscal da detalles sobre los secuestros de Michelini, Gutiérrez Ruiz y del matrimonio Barredo-Whitelaw. Los ex legisladores "se vieron obligados" a exiliarse en Argentina y cuando el gobierno uruguayo canceló sus pasaportes "ya se sabía, entre los exiliados, que estaban operando fuerzas represivas uruguayas en Argentina y que había compatriotas desaparecidos". Zelmar Michelini "tenía la certeza de que era vigilado constantemente, temía represalias uruguayas y había recibido amenazas".
