El caso se conoció públicamente en agosto de 2009, cuando lo denunció el ex senador blanco Ruperto Long. En ese momento, la denuncia no sorprendió a la justicia de crimen organizado, que venía estudiando el tema desde antes de que se hiciera pública.
El caso está en etapa de investigación, en presumario, a cargo de la jueza Graciela Gatti que la semana pasada tomó declaración a varias personas involucradas en el negocio. Hasta el momento se manejan varias hipótesis: lavado de dinero, un negocio que aprovecha la diferencia en el precio del dólar en Venezuela, una coima o incluso, un excelente negocio legal.
La investigación no avanzó mucho y todavía se espera que llegue información desde Venezuela. Así lo explicó a No Toquen Nada el secretario nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil. “El tema es que por todos lados terminamos dependiendo de información del exterior. Era una operatoria comercial en Venezuela, participaban ciudadanos de varios países, con movimientos de cuentas en Panamá. En la medida que el dinero no se generó en Uruguay ya requiere la cooperación de otros países, para ver de dónde salió ese dinero, si efectivamente hay un delito y si está previsto por nuestra ley. Volvés a caer en que necesitás el apoyo de información proveniente del exterior. Hasta ahora de ese lado el juzgado no ha recibido ninguna información, estamos trancados por falta de respuesta desde el exterior”, explicó Gil.
Repaso del caso
El caso Apliser se conoció el año pasado. En agosto, Ruperto Long contaba a No Toquen Nada cómo dio con el caso. “Se registran exportaciones de una firma a Venezuela por un valor de 32.160.000 dólares. Estamos hablando de una empresa que en este semestre se ubica en el lugar 21 del ranking de exportadores y que equivale a los frigoríficos uruguayos como el Tacuarembó, el Canelones. Es una firma que no exportaba en el año anterior, que no conocíamos, que a partir de ese momento tratamos de ver qué es lo que exportaba”, afírmó.
En ese momento, en plena campaña electoral, el entonces senador blanco dijo que era preocupante que hubiera tanta diferencia de dinero y lo relacionó con las elecciones. “El precio de venta aquí de cada unidad es de 498 dólares, sin contar el flete, ni seguro, ni la comercialización en Venezuela. Se venden 50.000 unidades a ese valor. El valor estimado según imprentas de nuestro país es de 10 dólares, más o menos. Es una diferencia enorme que se trasunta entonces en una transferencia masiva de dinero de Venezuela a nuestro país, justamente en los meses previos a una elección lo cual agrega otro componente (porque) viene de un gobierno que ha sido acusado en otras ocasiones por trasladar dinero a una campaña electoral en el vecino país”.
El punto de vista de Apliser es otro. Jorge Barrera, abogado de la empresa, dijo que es un buen negocio y que es legal. El abogado cuestionó que se desconfíe de cada negocio exitoso. Dijo que ése no es el rol de la justicia penal en una sociedad libre y democrática.
“Si en definitiva esta operación hubiera tenido un precio de venta en el exterior que tuviera márgenes menores, en vez de los que tuvo, nadie estaba discutiendo este asunto. Por tanto la primera cosa que como abogado me pregunto es: ¿cuál es la función del derecho penal en una sociedad democrática, libre y abierta? ¿Cuál es el eje conductor para poder analizar si una actividad comete violación a las normas penales? ¿El éxito?”, preguntó Barrera.
Barrera, describió en qué consistía el negocio de Apliser. Dijo que Apliser es una empresa de capitales extranjeros, que hizo un negocio puntual en Uruguay. Barrera prefirió no dar más datos sobre la procedencia de los capitales de Apliser, tampoco del comprador de Venezuela. Argumentó que lo relevante es que el negocio fue autorizado por el gobierno venezolano y que eso legitima el trámite.
“Fue presentado al gobierno venezolano que dio la autorización. El libro ya ingresó, se cotejó el material que llegó con las facturas que se emitieron, está el libro nacionalizado, está en Venezuela. No es una operación fantasma”, afirmó el abogado.
La opinión del secretario de Antilavados, Raúl Gil, difiere de la del abogado de Apliser. “Desde mi punto de vista la asistencia para una operación comercial no garantiza que los fondos manejados sean legales ni que el negocio no se ocultó. En el caso de Uruguay tenemos muchos negocios legalísimos que fueron lavado de dinero porque el origen de los fondos que se manejaron fue ilegal. Y se hacen con todos los permisos y los sellos correspondientes. El asunto no es sólo si tiene permiso sino si el negocio es simplemente comercial o es una pantalla. No estoy diciendo que en este caso no lo sea porque eso lo tiene que decir la jueza y no nosotros. Pero sí que la simple existencia de una autorización no garantiza, acá hay elementos que llaman la atención y no es un capricho investigar esto”, afirmó.
Apliser SA realizó una exportación de 50.000 ejemplares de libros y cuadernos. El precio de los libros, en principio, resultó sospechoso. Sin embargo, la defensa legal de la empresa afirma que la diferencia no es tal y que hay otros costos como los derechos de autor y los fletes.
Según Barrera, el importador de Venezuela entendió que era oportuno comercializar libros de interés para ese país y consideró buen negocio exportarlos desde Uruguay. Barrera explicó que eligieron Uruguay porque es uno de los países que tiene cuota para exportar a ese país y porque tiene beneficios fiscales en el comercio exterior de libros.
La investigación
Gil explicó las posibles lecturas de este caso. “Una primera explicación sería que es un negocio brillante que alguien hizo, no hay ningún delito, no hay irregularidades, simplemente alguien que comprueba que vendió muy caro. Sin embargo, podría haber otras explicaciones, algunas de tipo delictivo. Por ejemplo, si yo inflo exportaciones de Uruguay hacia Venezuela y en Venezuela consigo dólares baratos al cambio oficial y luego los pudiera reingresar, multiplico esos dólares por dos y medio o tres, según los momentos. Esto es un gran negocio en operatoria de cambios. Si generé plata en algún delito y quiero legalizarla, eso se llama lavado de activos, el hecho de inflar un negocio me permite justificar dinero que de otra manera no podría. O sea, yo negocio por 10 pero logro inflarlo de manera de justificar ingresos que son mucho mayores. De manera que podría haber una operatoria de facturación hacia el exterior, operación de evasión de divisas o de defraudación tributaria en alguno de los países. Podría haber alguien que comprara caro a cambio de que le den alguna parte de la ganancia. Eso acá se llama coima”, afirmó.
Gil advirtió que de la investigación surgirá si es algo de esto o no hay nada.
Para continuar la investigación desde Uruguay se solicitó información a Venezuela. Pero la información todavía no llegó. Gil describió que se pidió saber si los libros se pagaron efectivamente en Venezuela; si se pagó, quién lo hizo y de qué forma; y dado que hay capitales extranjeros, quién fue el beneficiario final.
En ese marco, el ex director de la Dirección General Impositiva, Nelson Hernández, explicó a No Toquen Nada quiénes se perjudicarían en cada caso. “Si es un tema fiscal y no se vierten los impuestos que se generarían al cierre del ejercicio, el perjudicado sería el Estado uruguayo. Si la maniobra fuera la de obtener un beneficio a través de la utilización de un tipo de cambio preferencial el perjudicado sería el gobierno venezolano en la medida en que estaría otorgando un beneficio por venta de divisas a un valor menor de mercado por una operación no real. Por otro lado, si se tratara de un tema de lavado de dinero no sólo podría estar hablando de un perjuicio económico o de beneficio económico sino que también estaríamos hablando de la comisión de un delito”, afirmó.
Hernández explicó que a nivel impositivo podría haber evasión del impuesto a la renta, pero que hay que esperar para ver el cierre del ejercicio de la empresa.
