La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajopu) entregó al presidente de la República, José Mujica, un informe con varios temas a considerar. El texto, al que accedió No Toquen Nada (Océano FM), incluye un capítulo sobre “Reivindicaciones sobre viviendas”: allí se señala que existe un fondo acumulado de 430 millones de dólares, producto del descuento directo sobre jubilaciones.
Ese fondo se creó por ley en el año 1986. Desde ese momento, se comenzaron a hacer retenciones a jubilados y pensionistas a través del BPS, con el fin de poder construir viviendas para ese sector de la población. Según dijo a No Toquen Nada el presidente de la Onajpu, Sixto Amaro, los aportes que se realizaron entre 1987 y 2007 lograron acumular la suma de 430 millones de dólares.
En el año 2007, con la Reforma Tributaria, se anuló el IRP a los pasivos y el Poder Ejecutivo se comprometió a hacer un promedio de lo que se había aportado en los últimos tres años, para destinar esa misma cantidad al fondo, explicó Amaro.
La Onajpu denuncia que algunas de las viviendas que se construyeron son “realmente vergonzosas”, “en lugares muy inconvenientes”, además de tener problemas en la calidad de la construcción. Denuncian, además, que algunas de las viviendas fueron entregadas -durante años- a beneficiarios no jubilados, violando la ley y abusando del uso de fondos destinados a los pasivos, por ley.
Ocupas y amigos
Sixto Amaro indicó que ya se construyeron unas 5.700 viviendas para jubilados y pensionistas. “Hay viviendas que son buenas, que son las menos. Hay viviendas que son estándar. Y está el núcleo de viviendas evolutivas que son inhabitables e, incluso, está planteado devolvérselas al Ministerio de Vivienda y que a esos jubilados se les entreguen viviendas dignas”, dijo en conversación con No Toquen Nada. “No sólo no son buenas sino que están en lugares realmente insolitos, por ejemplo, en Tacuarembó hay viviendas prácticamente frente al cementerio. Con toda la situación que vive la franja etárea que nosotros estamos recorriendo es, incluso psicológicamente, una barbaridad”.
Amaro también contó que en Pueblo Independencia, departamento de Salto, hay una decena de viviendas para jubilados. “En aquel momento, 2003 o 2004, las repartió el jefe comunal entre sus amigos y correligionarios: no le entregó una sola vivienda a los jubilados”, denunció. Además, adelantó que solicitarán una investigación al Parlamento para conocer “cómo fue el recorrido de estos fondos”. “Queremos ir con documentación que nos permita llegar hasta el hueso del asunto, y que quienes han tenido responsabilidad, que la asuman”.
Por la misma fecha, en Bella Unión, Artigas, denunciaron que en 10 viviendas había solo un jubilado habitando: las otras nueve estaban ocupadas. Lamentó que aún no se logró desalojarlos. En una situación similar en el departamento de Rivera, Amaro contó que tanto la Intendencia como la Junta Departamental expresaron “que era una barbaridad darle el desalojo a gente que tiene hijos”. Aún quedan siete u ocho intrusos en Rivera, indicó.
“Queremos que desalojen a los intrusos de las viviendas para jubilados. Si la Intendencia, la Junta Departamental, el Ministerio de Vivienda, o quien sea, tiene que darle una vivienda, bueno, que asuman esa responsabilidad; pero que no se hagan los distraídos y que esa gente siga ocupando viviendas de jubilados”, manifestó. “Nosotros entendemos que no pueden quedarse en la calle, pero los que permitieron que todas estas cosas pasaran tienen la obligación de otorgarles viviendas”.
Viviendas para jóvenes
Sixto Amaro calificó muchas de estas viviendas como “inhabitables”. Contó que se “no sólo están hechas con materiales que no son de calidad, sino que son un modelo pensado para matrimonios jóvenes, para que después pudieran ir acondicionándolas”. Por eso se conocen como núcleos evolutivos, puntualizó. “Los que recibimos esas viviendas, a veces no estamos en condiciones de hacer esas reformas mínimas”.
El presidente de la Onajpu sostuvo que cuando esas viviendas fueron entregadas “ya eran de menor calidad” y a eso se sumó que “como los materiales son de tercera, ni siquiera de segunda, se fueron deteriorando a tal punto que hoy son inhabitables”. Precisó que serán unas 1.300.
“Un enorme desorden”
Estos reclamos se hicieron durante la administración de Tabaré Vázquez, cuando “por primera vez” supieron cuáles eran los fondos que quedaban para la construcción de viviendas. Hoy en día, hay alrededor de 160 millones de dólares.
En la reunión que mantuvieron con José Mujica, el presidente expresó que el tema iba a pasar “inmediatamente” al Ministerio de Vivienda. “Además, compartió los objetivos”, destacó Amaro: “uno de los buque insignia de esta administración es la vivienda para los sectores de menores ingresos”, recordó. “Nosotros le dejamos claro que, de acuerdo a la ley, los que tienen derecho a la vivienda para jubilados son aquellos que ganan menos de 10 UR, que hoy en día son unos 5.500 pesos”.
El presidente de la Onajpu evaluó que este asunto recorrió “un periplo en el marco de un enorme desorden, para no utilizar otras palabras”. La responsabilidad de estas viviendas recaía, al principio, en el Banco Hipotecario, luego esa responsabilidad se transfirió al Ministerio, y hace un año aproximadamente, la atención de los complejos de vivienda y de construcción está en el marco del BPS, donde funciona una comisión honoraria.
Para el 2010, Amaro remarcó que se planean construir 700 viviendas más. Opinó que “está bien pero no es suficiente, porque hay unos 10.000 jubilados en lista de espera”.
