Como parte de la larga pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín, el Poder Ejecutivo denunciará a Clarín y La Nación por la compra de Papel Prensa. Cristina Fernández presentó un informe de 27.000 fojas que fue elaborado por una comisión a cargo del secretario de Comercio Interior, el polémico Guillermo Moreno, y en el que, según aseguró la mandataria, hay pruebas suficientes para confirmar los hechos.
Aunque se especulaba con una estatización o intervención de la empresa, el gobierno decidió presentarse ante la justicia, a través del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Según Alberto González Arzac, encargado de redactar el informe, la causa estará enmarcada en los crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar.
El Poder Ejecutivo también enviará al Congreso un proyecto de ley para controlar la producción, distribución y comercialización de papel para diarios y a la vez declararla de interés público. “Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba”, aseguró la mandataria en su discurso.
Papel Prensa fue fundada en 1971 con participación estatal y privada. Dos años más tarde, David Graiver, ligado a la guerrilla Montoneros, compró las acciones privadas y pasó a controlar la empresa. Tras su muerte en un accidente aéreo, en 1976, los herederos vendieron su parte accionaria a una sociedad llamada Fapel S.A. controlada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Según el gobierno, esto se habría realizado tras presiones de la dictadura a la viuda de Graiver, Lidia Papaléo.
“En la apropiación de las acciones clase A para el control decisivo de la empresa se utilizaron todos los mecanismos del terrorismo de Estado: amenazas, secuestros, desaparición forzada de personas, tortura y privación ilegal de la libertad”, denunció Beatríz Paglieri, directora de Papel Prensa en representación del Estado.
Clarín y La Nación aseguraron en una carta conjunta difundida el martes que la operación fue hecha dentro de la ley y sin participación del gobierno de facto. Isidoro Graiver, hermano de David, también confirmó esta versión al asegurar que no existieron tales presiones. “Los diarios adquirentes fueron en esta triste historia terceros de buena fe”, aseguró en una solicitada publicada ayer.
En apoyo a los medios denunciados, la oposición acusó al gobierno de querer censurar a la prensa y varios dirigentes confirmaron que no avalarán el proyecto del Poder Ejecutivo. “Como los dictadores, creen que se puede construir una historia oficial para censurar a la prensa”, acusó Federico Pinedo, presidente del bloque del PRO en la cámara baja.
También hubo críticas al informe presentado por el gobierno. Ernesto Sanz, de la UCR, aseguró que no confían en esa investigación, ya que fue elaborada por Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, “los mismos responsables de la destrucción y manipulación del Indec”.
