La Asamblea General instaló una Comisión Especial para el análisis de la legislación relativa a los temas de seguridad pública, en especial de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Como fecha tope se fijó el 29 de diciembre, pero este martes se lleva a cabo la séptima y última reunión, antes de retomar el tema en el mes de febrero a nivel de la Asamblea General. Esta Comisión Especial no tiene potestad resolutiva, sino que su misión es asesorar a la Asamblea General.
Ya está el primer documento, el del FA en mayoría, luego llegarán los de las minorías.
No toquen nada (Océano FM) tuvo acceso al borrador prácticamente definitivo del informe en mayoría del FA. Se destaca la idea de que no existe actualmente un sistema de información que permita tener una dimensión del fenómeno, además del llamado que hace la Comisión a que las distintas instituciones que trabajan con esta información traten de “articularse” y generar un sistema más prolijo de información.
Sobre los puntos en discusión se menciona el acuerdo para crear el Instituto de Rehabilitación, pero no constituye una novedad, ya que estuvo presente en la Comisión Multipartidaria que se instaló a instancias de José Mujica. Allí, todos los partidos coincidieron en ese punto.
Sobre la posible baja de la edad de imputabilidad no se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. La argumentación del FA, básicamente, es la misma que la dada por Bonomi: que en Uruguay ya está instalada una imputabilidad a partir de los 13 años, lo que existe desde el 2004.
Respecto al aumento de las penas de los adolescentes en conflicto con la ley y la instalación de la pena de tentativa ante delitos graves, sí se ven posibilidades de acuerdo en el futuro. El FA rechaza la posibilidad de aumentar las penas para los delitos graves los menores pero sí acepta el oficialismo es que se pueda estudiar la inclusión de la tentativa de hurto como un delito sancionable.
El Frente Amplio elude en el documento la discusión sobre los antecedentes de los adolescentes que infringen la ley penal. Señala el texto que nada tiene que ver el pasaje de los antecedentes cuando son mayores con la resolución del problema de seguridad relativo a menores de edad. Cabe recordar que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, declaró en la Comisión que pretende mantener los antecedentes y en ese punto el ministro está de acuerdo con la oposición. Sin embargo la postura quedó debilitada porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que de aprobarse esa normativa se estaría violando las Reglas de Beijing, la normativa internacional sobre menores que Uruguay aprobó en el Parlamento.
Producción de Ricardo Leiva, periodista de No toquen nada (Océano FM).
