El juez penal de segundo turno para el crimen organizado, Jorge Díaz, dispuso en el mediodía del miércoles la prisión de tres personas, que se suman al procesamiento de otras seis que tenían distintas funciones en el negocio de la venta de pasta base en el Cerro y La Teja. El pedido de procesamiento partió del dictamen de la fiscal especializada en crimen organizado, Mónica Ferrero.
Desde su celda en el Penal de Libertad, Alberto Suárez, más conocido como El Betito, gerenciaba desde su celular y mediante las visitas carcelarias todo el proceso de compra, importación ilegal y venta de pasta base. Toda su familia marchó a la cárcel entre ellos su madre, su suegra, su esposa, un hermano menor de edad (procesado por el juez de adolescentes), otro mayor y su esposa, su padrastro, su abogada, un apoderado y un empelado de un cambio en Paso Molino. Se les imputaron distintos delitos como importación ilegal de estupefacientes, dos delitos de lavado de activos, conversión y tenencia de drogas y soborno.
El procedimiento comenzó con una solicitud de la policía anti narcóticos al despacho de la jueza Graciela Gatti, cuando todavía estaba ocupando la titularidad del Juzgado Penal de séptimo turno. La magistrada ordenó a la policía que pinchara los teléfonos de varias personas para iniciar las investigaciones. El caso lo tomó Díaz subrogando a Gatti, jueza de primer turno de crimen especializado.
A partir de ese procedimiento que empezó a mediados de diciembre se pudo comprobar que El Betito desde la cárcel lideraba la venta de pasta base en el Cerro y La Teja. La justicia tiene certeza que dos mujeres y un hombre estaban haciendo de mula entre Montevideo y Buenos Aires prácticamente todas las semanas. Una de esas personas fue procesada, a los otras se las busca.
La suegra de Betito ya había traído de Argentina un cargamento de pasta base el 26 de diciembre. Pero no se la pudo capturar. Recién se reunieron las pruebas para el siguiente cargamento el 31 diciembre cuando se trajeron cuatro kilos de pasta base y un día después la organización importó otros 13.5 kilos.
“Capacidad, medios técnicos y económicos. Tenían todo. La estructura estaba armada. El cargamento del 31 de diciembre había bajado de Buenos Aires y los hermanos de Betito recibían permanentemente llamados preguntando: 'cuándo llega eso'. Traían, vendían y repartían como pan caliente”, manifestó a 180 una calificada fuente judicial.
Las escuchas telefónicas permitieron comprobar que la desesperación de los distribuidores era grande cuando veían que la pasta no llegaba y bajaban la calidad de la droga, la cortaban con otras sustancias para estirarla. Cuando la pasta base venía cortada subía el enojo y presumiblemente la fisura de los clientes.
Los distribuidores recaudaban papeles y monedas de 10 a 50 pesos que se cambiaban por dólares en un cambio del Paso Molino. Los encargados concurrían dos veces por semana y cambiaban unos 4.000 dólares aproximadamente cada vez que se presentaban en el cambio de la calle Agraciada. La plata grande era custodiada en la casa de una abogada del Betito, de iniciales DMGC, que también fue procesada este miércoles, confirmaron fuentes judiciales.
180 pudo confirmar que el caso del Betito es el tercero que le tocó al juez Díaz donde procesan a un narco, que sigue dirigiendo sus negocios por teléfono desde el centro de reclusión.
El matutino El Observador aseguró este miércoles que la policía sigue investigando ya que la guerra por la venta de la pasta base entre distintos distribuidores en Cerro Norte cobró la vida de varias personas, y las fuentes consultadas por el matutino aseguran que es probable que muchos de los fallecidos ni siquiera estén identificados.
