Son muchos los países en los que la homosexualidad puede ser penalizada. Según la página oficial del día contra la homofobia y la transfobia, en más de 80 países la homosexualidad es juzgada como un crimen y en siete países es causa de pena de muerte.
Diego Sempol, integrante del colectivo Ovejas Negras, dijo a 180 que si bien en Uruguay se ha avanzado en el tema de la no discriminación, existen grandes carencias. La primera denuncia de parte del colectivo en este momento, es que no se está respetando la ley 17.817, creada en 2004, que estableció una Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación. Esta comisión funcionó durante la administración de Tabaré Vázquez, pero con el cambio de gobierno no se hizo el llamado a la sociedad civil para volver a configurarla. Ya pasaron más de 15 meses desde que dejó de estar activa. “Esta comisión es el único lugar que existe, dentro del Estado, para denunciar por problemas de discriminación y pedir que se intervenga”, dijo Sempol. Explicó que la comisión es honoraria, es decir que no hay razones presupuestales para no hacer el llamado.
Un ejemplo de discriminación en Uruguay es la invisibilidad de las lesbianas en el sistema de salud. Sempol y Valeria Rubino, otra integrante del colectivo, explicaron que en Uruguay las lesbianas tienen el mayor índice de Virus del Papiloma Humano (HPV), que se contagia por transmisión sexual. Este virus se detecta en las consultas ginecológicas y hay algunas vacunas para protegerse de la infección. El problema es que cuando una mujer va al ginecólogo, lo primero que le preguntan es si están usando anticonceptivos, asumiendo que es heterosexual, y no se le pregunta si se está cuidando de otra manera. Paradójicamente, en el país no hay, ni a nivel de Salud Pública ni en las farmacias, productos como las barreras de látex, que permiten el sexo seguro entre mujeres. Muchas veces también se enfrentan a médicos que no están familiarizados con estos temas y no pueden informarles correctamente.
Otro reclamo del colectivo es que se incluyan cuotas de trabajo en políticas sociales para la población trans. Sempol dijo que “la población trans no tiene formas de inserción laboral” y piden que en programa de barrido otoñal de la Intendencia de Montevideo se incluya una cuota para esta población. “Si se pueden instrumentar otras políticas públicas de inclusión, mucho mejor, pero estamos pidiendo una cosa muy concreta, muy sencilla de realizar y que le puede cambiar la vida a estas personas”.
También piden que se trabaje en la realidad educativa de la población trans, ya que estas “chicas y chicos sufren un acoso escolar brutal y por eso tienden a abandonar tempranamente el sistema escolar”, dijo, y contó que esto no sucede solo con los trans, sino también con los gays y las lesbianas: “nosotros recibimos muchas denuncias de todas estas poblaciones”, y por eso piden que a la hora de emplear políticas públicas de este tipo, como las becas para estudiantes para que vuelvan al sistema educativo que da el Ministerio de Educación y Cultura y el ANEP, se priorice a estas personas.
Sempol dijo que hubo avances en torno a la inclusión y la no discriminación, tanto a nivel legislativo como desde el compromiso de ciertos sectores en la lucha por la tolerancia, pero “hay mucha gente que vive en un doble discurso, dicen unas cosas porque saben que políticamente es correcto, pero en los hechos siguen manteniendo prácticas discriminatorias” y que lo que ellos creen es que son necesarias políticas públicas que vuelvan efectivos los derechos que se van ganando, “porque sin políticas públicas no se logra transformar a la sociedad”.
