Por Gonzalo Ortiz
La decisión judicial del miércoles 20 es el más reciente capítulo del enfrentamiento entre el gobierno de Ecuador y medios privados de comunicación.
El juez del caso dictó tres años de prisión contra los propietarios del periódico, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y contra el ex editor de la sección opinión, Emilio Palacio, autor del artículo, y les ordenó a los cuatro pagar 30 millones de dólares a Correa, mientras penalizó al propio El Universo con otros 10 millones de dólares. En su demanda, Correa había solicitado una indemnización de 80 millones de dólares. La querella llegó el martes 19 a la audiencia de juzgamiento y, con velocidad inusitada, la sentencia se materializó al día siguiente.
En el artículo publicado el 6 de febrero, y titulado "No a las mentiras", Palacio jamás se refiere a Correa por su nombre y apellido ni por su investidura constitucional. Lo llama "Dictador" en nueve ocasiones y habla de su gobierno como la "Dictadura".
La columna se refiere a la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, que estuvo al borde de convertirse en golpe de Estado, cuando uniformados sublevados retuvieron por varias horas a Correa dentro del hospital policial hasta que fue liberado en un operativo que dejó un policía muerto.
En el texto, Palacio sostiene que "un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente". Correa consideró la afirmación una calumnia, negando que hubiera ordenado disparar contra el hospital donde estaba secuestrado, y pidió una rectificación.
Los propietarios de El Universo esperaron hasta la audiencia del martes para leer una carta en la que sostuvieron que "siendo para nosotros imposible rectificar afirmaciones que no fueron nuestras -y sin poder anticipar que la rectificación que hagamos coincida con su pensamiento- le ofrecemos que nos haga llegar el texto de la rectificación exigida para disponer su reproducción íntegra en El Universo, en el día y espacio que usted señale". Correa había dicho que, con una rectificación, el juicio no habría progresado.
Pero en el tribunal no aceptó la oferta, que consideró muy tardía. "Se presentó una carta de los señores Pérez diciendo que están dispuestos a rectificar como yo quiera. ¡Demasiado tarde! El momento de los caballeros que amamos la verdad, que tenemos ética, pasó hace mucho tiempo", dijo el mandatario en declaraciones formuladas tras la audiencia. Es, dijo Correa, "el abuso y la cobardía de un sicario de tinta escondido detrás de un tintero, para humillar, denigrar". Enseguida "un medio decente debió desmentir tamaña patraña. Nunca lo hizo El Universo".
Palacio, que concluyó su artículo acusando a Correa de crímenes de lesa humanidad, renunció la semana pasada a su cargo en el periódico.
En los prolegómenos del proceso, demorado por cambios en los jueces a cargo del caso, el presidente sostuvo que éste sería parte de su "legado" contra "la prensa corrupta".
Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dijo a IPS que El Universo planteó un acuerdo que daba "al presidente toda la posibilidad de rehacer el daño moral que argumenta se le ha irrogado".
"Existe una gran presión política sobre los jueces", añadió. Si la sentencia se mantiene en firme, el periodismo ecuatoriano se desarrollará en adelante bajo condiciones de autocensura, opinó.
Correa ha demandado por 10 millones de dólares a otros dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores de una investigación sobre presuntos contratos con el Estado del hermano del presidente, Fabricio Correa. El mandatario negó conocer esos contratos y acusó a los periodistas de calumnia, mientras éstos han reiterado que la afirmación salió del propio Fabricio Correa, que la ha repetido varias veces.
Mientras tanto, hoy en rueda de prensa, los abogados de El Universo y del ex columnista de ese diario, Emilio Palacio, insistieron hoy en su rechazo el fallo del juez. Según el periódico El Comercio (Quito), la abogada de los directivos explicó que la autoría coadyuvante, que argumenta la defensa de Rafael Correa, “se extiende a todos, incluso los que están lejos del lugar del supuesto crimen” y que “si se aplica la autoría coadyuvante, entonces el Presidente es responsable de lo que hacen sus ministros”, agregó. “En sentencia contra solo faltaron los canillitas”, ironizó.
En cuanto a los 30.000.000, el abogado de Correa informó que se destinarán a un proyecto ambiental ecuatoriano, Yasuní-ITT (Ishipingo-Tambococha-Tiputini) , pensado para dejar de explotar un gran yacimiento petrolífero ubicado en una zona de alta concentración de biodiversidad en la Amazonía.
