Este es uno de los tres convenios que existen en el mundo con este fin. Uno es el que incluye a los países de la Unión Europea y el otro es el de los países del Mercosur; este es el primero en unir países latinoamericanos y europeos.
El acuerdo se aplicará de forma efectiva a partir del 1 de octubre. El objetivo del acuerdo es proteger a la población migrante a nivel laboral y social. Además, el empleado podrá percibir la pensión en el país donde esté radicado. Entre las prestaciones del convenio, se atenderán problemas que las personas puedan sufrir, como accidentes de trabajo, vejez, invalidez y sobrevivencia.
Se espera que en los próximos meses Chile, Argentina, Paraguay, El Salvador, Portugal y Venezuela se unan al acuerdo. El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, destacó que este es el primer instrumento que adquieren estos países para proteger a los dos millones de personas que se desplazan en América e Iberoamérica.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dijo que este convenio no solo será beneficioso para los trabajadores dependientes sino también para los independientes y profesionales, quienes podrán complementar sus años de trabajo, independientemente del país donde hayan prestado sus servicios.