Se efectuó un pedido para que se desarchive el caso de Vladimir Roslik, el último detenido asesinado durante la dictadura militar. Roslik militaba en el Partido Comunista, era hijo de inmigrantes rusos, vivía en San Javier, Río Negro, y era médico. Murió en tortura el 16 de abril de 1984, a los 35 años y con un hijo de cuatro meses, en el batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos. Su caso significó la confirmación pública de las torturas y muertes por parte del régimen militar ya que, en un principio, se publicó que la muerte había sido sin violencia.
En junio este caso, junto a otros 87, fue excluido de la ley de Caducidad, luego de que el presidente José Mujica firmó el decreto que anula todos los actos administrativos de los gobiernos anteriores, que los ampararon dentro de esta ley.
Ahora la causa se desarchivó (que significa únicamente ordenar que se lleve el expediente del archivo al despacho del juez) y está en manos de la jueza Livia Pignataro, quien resolverá si la reabre. Si se resolviera reabrirla, significaría continuar la investigación.
Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, dijo que una vez que la jueza ordenó que se desarchivara, los expedientes (eran tres denuncias referidas a la misma causa) no se encontraron. En su lugar, hay una nota que dice que el expediente fue remitido a Presidencia de la República. “Lo que por ahora no se encontró en los registros fue una nota que exprese la devolución del expediente en algún momento. Por lo tanto, no se sabe si eso no se devolvió desde Presidencia, o si se desvolvió y está guardado en otro lugar”, dijo el vocero, quien no tenía el dato del año en el que se remitió el expediente.
En este momento se está realizando una búsqueda intensiva de los expedientes, ordenada por la jueza. Una de las denuncias fue hecha por un médico local, otra por el Ministerio de Salud Pública y la tercera por la Federación Médica del Interior.
Luego del decreto que dejó sin efecto todos los actos administrativos anteriores que declaraban amparados en la ley de Caducidad estos casos, el Poder Ejecutivo, a modo de aporte, envió una lista con información –que tenía en sus oficinas- referida a causas del Poder Judicial por las que se investigaban violaciones de derechos humanos. En esa lista aparecen mencionados dos de los tres expedientes de Roslik.
Oxandabarat remarcó lo complejo que es dar con expedientes de hace 30 años y sobre desaparecidos. Dijo que no había una lista especial, sino que estos expedientes estaban entre todos los otros expedientes de ese año. “No tenemos una lista que diga ‘hay tantos expedientes en tal lugar’; la única lista existente es la que proporcionó el Poder Ejecutivo, pero es una lista incompleta y fragmentaria”, señaló.
El pedido de apertura de un caso puede surgir desde un familiar o desde el juzgado, como fue en este caso. Tanto el hijo de Roslik, Valery Roslik, como su viuda, Mary Zabalkin, dijeron a 180 haberse enterado por la prensa del pedido para desarchivar el caso, así como de que no se encuentra el expediente.
