Las instituciones educativas privadas deberán informar a la DGI en abril de 2013. Pérez Del Castillo dijo que en muchos casos las universidades no tienen hoy el dato de los obligados al pago por lo que habrá que construir nueva información para poder mandar la declaración jurada que pide la DGI.
El secretario de la Comisión señaló que el cliente es el estudiante y son sus datos los que figuran en la base. “No tenemos los datos de quién paga la cuota, como pide la DGI. Puede ser que pague la madrina del estudiante, puede ser que tenga una tía en Estados Unidos que les mande la plata, no nos consta que quien deposita en Abitab o hace una transferencia para pagar sea el propio estudiante o una persona diferente”, afirmó.
Con esta metodología, no hay ningún impedimento más allá de la ética para que los estudiantes declaren lo que quieran cuando sean consultados.
Tratándose de información que se sabe que será utilizada para realizar operaciones de inteligencia tributaria, no hay impedimentos para que personas que no quieran ser investigadas por la DGI eviten caer en el brete.
No toquen nada consultó a Pérez del Castillo por si el hecho de exponerse a dar datos que pueden ser falsos en una declaración jurada no es riesgoso para las universidades privadas. Según el secretario de la Comisión no, porque como está planteado no se considera que la resolución de la DGI sea una violación denunciable de la privacidad de las personas.
“No puedo jurar que lo que tengo es cierto, pero calculo que sí, tenemos que partir de la base de que la gente no miente. Nosotros pensamos que es una potestad que la DGI puede tener y pusimos eso en un platillo de la balanza y en el otro la eventual pérdida de intimidad de la gente. Yo no creo que exista una violación a ese derecho y si existiera podría ser una limitación en la medida que es superado por otro valor que es cumplir con las cargas públicas”, explicó.
