Debate desarrollado en el programa No toquen nada, de Océano FM.
Joel Rosenberg: El decreto que regula la televisión digital está en manos del Poder Ejecutivo, tras la consulta de 15 días abierta por el Ministerio de Industria.
El decreto asigna hasta seis canales para la televisión pública, siete para la televisión comunitaria y seis para la televisión comercial. Los contratos para la televisión comercial son por 15 años. Serán, si se aprueba. Y se incluye un canon anual de 1% sobre la facturación. Además, se reservan tres canales para los propietarios del 4, 10 y 12. Habrá más televisión gratuita para los uruguayos y al menos, por ahora se puede asegurar, en calidad técnica será una mejor televisión. En tiempo de debate hubo muchas consideraciones críticas, dos de ellas de visiones diferentes. Desde la Coalición de Comunicación Democrática, un grupo de ONGs, se destacó el decreto y su discusión abierta, pero se realizaron críticas, por ejemplo, el reservar canales a los operadores privados actuales. En el comunicado que remitieron al Ministerio, señalan que los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso abierto. En Andebu, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos que nuclea a empresarios de la televisión, criticaron varios aspectos, entre ellos el canon, que señalan, es un nuevo impuesto y no puede ir por un decreto, y la cantidad de canales nuevos que habrá porque entienden que saturarán el mercado publicitario.
Son solo un par de observaciones y discrepancias. Nos acompañan Edison Lanza, de la Coalición de Comunicación Democrática, y Rafael Inchausti, de Andebu.
Lanza, la Coalición, reúne varias ONG, ¿no?
Edison Lanza: Sí, reúne organizaciones vinculadas básicamente al mundo de la comunicación. Sindicatos como el sindicato de la prensa, sindicato de autores, también la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad de la República, organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con distintos temas, de diversidad, transparencia, de niñez, bueno, se me va a escapar alguna. Somos veinte y pico de organizaciones…
Que se juntaron todas para lograr un solo informe.
Exacto. No solo para este tema puntual sino para todo el proceso que el país comenzó ya hace algunos años de discutir reformas que tienen que ver con la libertad de expresión en el derecho de la comunicación, y este año, o el año pasado mejor dicho, se venían varios temas importantes, como una posible ley de servicio de comunicación audiovisual y la transición a la televisión digital.
Rafael Inchausti es empresario, director de empresas vinculadas a Canal 10, asesor de Canal 10 y Presidente de Andebu. Una familia ligada a Canal 10 de toda la vida, ¿no?
Rafael Inchausti: Sí, desde hace bastantes años.
Comencemos por entender algunos de los puntos en donde quizás tienen discrepancias. En principio, ambos participaron del Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí reuniéndose con el gobierno y otras organizaciones?
Edison Lanza: Casi tres meses. Todas las semanas, una reunión semanal.
¿Esos eran insumos para el proyecto de ley de medios o también para este decreto?
Edison Lanza: Bueno, de algún modo sí, porque estamos hablando de los mismos temas tanto en una ley como en un decreto. De hecho, nosotros arrancamos un poco en la Coalición, el primer punto, el primer comentario que hacemos es la necesidad urgente de que esa ley se apruebe porque hay muchos temas que van a ser polémicos y que tienen que ver con regulaciones que necesitan ley.
Bien, uno de los temas polémicas sin lugar a dudas es el canon que deben pagar. En el Artículo 15 que habla de las contraprestaciones que tendrán los canales comerciales señalan que una de esas contraprestaciones es que las empresas que facturen más de dos millones de unidades indexadas aportarán el 1% de su facturación bruta. Las empresas que facturen igual o menos de dos millones de unidades indexadas aportarán el 0,5% de su facturación bruta. El informe de Andebu critica este punto por el cambio de reglas y porque consideran que debería hacerse por ley.
Rafael Inchausti: Sí. Más allá de los aspectos puntuales de este análisis de proyecto de decreto, en general nos parece que esta instancia era para reglamentar la forma de cambio de tecnología y las migraciones hacia nueva tecnología para los operadores actuales y detallar las características de esa tecnología para los nuevos operadores. No correspondía introducir muchos de los elementos que se introdujeron en este decreto. Es decir que la instancia de reglamentar la aplicación e incorporación de una nueva tecnología a través de un decreto, que en este caso sí corresponde, no debió haber sido usada para introducir condiciones de fondo en lo que es la prestación del servicio. Eso debió haber estado establecido en una ley y justamente en la ley sobre la que se discutió, se conversó bastante en el Comité Técnico Consultivo…
Claro, cada uno conoce un borrador de proyecto de ley del Ministerio…
Rafael Inchausti: Esto aparentemente es un adelanto de lo que podía contener la ley, y como adelanto nos parece que no debió haber estado incluido en un decreto. Entre ellos ese canon que corresponde sea fijado por ley. Ya sea que se trate de un tributo, como parecería ser las características, o incluso ya se tratara de un precio.
¿Por qué dicen que es un tributo ustedes? Un impuesto.
Rafael Inchausti: Porque de acuerdo a la forma en que está establecido se debe pagar de acuerdo a la capacidad contributiva del operador. Es decir, se fija de acuerdo al porcentaje de su facturación, entonces evidentemente tiene características impositivas.
La Coalición celebra el establecimiento de un pago, lo dice textualmente, pero además señala que es poco lo que se le va a cobrar.
Edison Lanza: Como primera cuestión de fondo, creemos que por el uso del espectro que es este bien público, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo, los prestadores de los servicios de televisión también deberían pagar, como hoy ya de hecho pagan los prestadores de servicios de telefonía móvil, un precio por el uso de espectro. Y de hecho, la ley orgánica de la URSEC tiene la facultad de establecer precios por el uso de ese espectro, por eso creemos que el decreto no innova en ese sentido.
Por otro lado, los operadores en Uruguay es público y notorio que están establecidos de hace más de 50 años, que no han pagado nunca ni en radio ni en televisión ese tipo de precio. Por lo tanto creemos que ya están los suficientemente maduros como para devolver en algún sentido parte del capital que han acumulado en virtud del uso de este bien público.
En tercer lugar, el canon o precio tiene un fin determinado. No va a rentas generales, sino que va a la generación de un fondo para la producción nacional audiovisual, que los propios prestadores, entre ellos los que van a pagar el precio, van a poder de algún modo concursar para desarrollar distintos productos televisivos. Cosa que al Uruguay le falta, tiene un fondo para el cine pero no tiene un fondo para la televisión.
Por lo tanto creemos que no es un cambio dramático, es un cambio que a la larga va a favorecer la producción nacional, la plata va a quedar en el país y va a quedar en las pantallas de la televisión nacional, por lo tanto no lo vemos como complicado y lo compartimos. Y bueno, en cuanto al monto, se puede discutir, pero realmente se arranca con un monto, como ustedes ven, muy bajo.
Hay un cálculo de aproximadamente un millón de dólares según la facturación actual. ¿Ustedes tienen esa idea también desde Andebu?
Rafael Inchausti: Podría ser. Los canales de televisión contribuyen a la producción nacional a través de sus propias producciones. Y hay también una razón de fondo por la cual no corresponde el pago por uso de frecuencias. Nosotros entendemos que no corresponde el pago por uso de frecuencias. Los difusores no son los únicos que utilizan frecuencias. Esencialmente la frecuencia es utilizada por el usuario para recibir los contenidos que producen los que transmiten los difusores.
De cualquier forma, los difusores utilizan muchas otras frecuencias además de la frecuencia por la que va el mensaje al usuario. Los difusores utilizan enlaces entre sus estudios y plantas emisoras, utilizan enlaces entre sus equipos móviles, y los difusores pagan por todas esas frecuencias que utilizan. La única frecuencia por la que no pagan es la frecuencia por la cual se hace llegar al usuario de un servicio gratuito y abierto, el contenido de su programación.
Ustedes consideran que debería quedar así con la llegada de la televisión digital.
Rafael Inchausti: Consideramos que debería quedar así. ¿Por qué? Porque se trata de un servicio gratuito y abierto y por esa razón entendemos que no corresponde que ni el difusor ni el usuario, porque en otros países lo pagan los usuarios, como en Inglaterra en la que los servicios de la BBC son solventados a través de un impuesto anual que realizan los usuarios, los propietarios de los televisores. En este momento el pago que realiza cada uno de los habitantes del Reino Unido para solventar el servicio de la BBC equivale a las 200 libras, es decir que es un pago bastante importante.
Sí, Lanza.
Edison Lanza: A lo que se refiere Rafael es al financiamiento de la televisión pública británica. Nosotros nos referimos a la prestación de un servicio que es un negocio y que factura más de 100 millones de dólares por año a través de los tres canales, y que se factura en publicidad. Y la publicidad la terminamos pagando todos los ciudadanos porque es público y notorio que hay un rubro en cada producto que tiene que ver con el gasto publicitario. Entonces, digamos, no creemos que sea una televisión absolutamente gratuita como se manifiesta sino que de algún modo la terminamos pagando todos los usuarios. Además, una cosa importante, la televisión digital va a permitir triplicar el negocio actual porque cada canal va a tener un múltiplex completo, eso tiene que ver con hasta seis señales de televisión.
Cuando hablamos de canales acá tenemos que diferenciar canales y señales a partir de ahora, en televisión digital, porque según la calidad que quieran tener pueden tener hasta 6.
Edison Lanza: Hablábamos entre 4 y 6. Va a ser seguro hasta 6. Y además telefonía móvil. Además servicios audiovisuales móviles e interactividad, por lo tanto…
Se multiplica el negocio, dicen ustedes.
Edison Lanza: Se multiplica el negocio y se están asignando a los actuales operadores nuevos negocios porque la televisión a través del teléfono móvil va a traer nuevos negocios.
Sin embargo, Andebu señala casi en el comienzo de las conclusiones y de su informe que manda al Ministerio: La asignación de hasta 20 canales digitales en el departamento de Montevideo -recordemos, 20 canales digitales pueden ser hasta 80 o 100 señales- lo que deja es una saturación inmediata al mercado publicitario, único ingreso del que disponen. Ustedes ven que con esta cantidad de canales que se va a dar va a saturar el mercado publicitario, o sea, la torta no va a dar.
Rafael Inchausti: Sí. Ya en la actualidad las inversiones en televisión se han reducido significativamente. Es decir, han aparecido nuevas formas publicitarias como la vía pública, se ha desarrollado también las acciones de marketing en puntos directos, las acciones publicitarias a través de tarjetas de crédito, descuentos en los comercios, es decir, los anunciantes están diversificando las formas publicitarias y las formas promocionales por las cuales llegan al público. Y los últimos estudios en nuestro país indican que la inversión en publicidad en televisión ha descendido.
¿Los últimos años descendió la inversión en televisión a pesar del buen momento del país?
Rafael Inchausti: Sí, sí, ha descendido sí.
¿Tienen un porcentaje?
Rafael Inchausti: En el total de la inversión publicitaria está cerca del 40%, la inversión publicitaria en televisión, cuando hace algunos años estaba bastante por encima de eso. Eso obedece a la aparición de nuevas formas de publicidad y al desarrollo que han tenido esas nuevas formas de publicidad. Tampoco ha crecido el mercado absoluto, es decir, la torta publicitaria no ha llegado ni siquiera a los niveles que tenía en el año 98, que fue de alguna forma el año que se ha tomado como pico en inversión publicitaria en el país.
Bien, o sea que consideran que se va a saturar el mercado.
Rafael Inchausti: Es incierto que la posibilidad de brindar nuevos servicios contribuya a aumentar el negocio para los canales de televisión y es bastante probable que la presencia masiva de nuevos canales de televisión con multiplicidad de señales contribuya a deteriorar las condiciones en este mercado.
Ustedes desde la Coalición, ¿qué opinan acerca de la cantidad? Porque hay que decir que es “hasta” 6 canales públicos, “hasta” 7 comunitarios, pero bueno, puede ser que se complete la grilla.
Edison Lanza: Sí. Digamos, lo que hace el decreto es una reserva de espectro y una cantidad de canales que van a estar destinados a televisión digital. No quiere decir que vamos a tener todos esos canales. De hecho, yo creo que no vamos a tener todos esos canales, que va a haber muchos menos interesados de la reserva y la posibilidad que brinda la reserva. La experiencia en España y en otros lugares así lo indica. Va a haber una depuración, una decantación, eso por un lado.
Por otro lado, el gobierno no tiene mucha opción. Los temas de televisión o de radiodifusión están enmarcados en convenciones internacionales como la Convención para la Diversidad Cultural de UNESCO o las declaraciones de la OEA de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno ni el Parlamento ni el Ejecutivo pueden permitir que haya o que exista un oligopolio en materia televisiva.
Tienen que establecer medidas, tienen la obligación internacional de establecer medidas para que haya diversidad y competencia y la posibilidad de que se desarrollen distintos sectores como es en este caso el comunitario, el público y el privado comercial, en el espectro radioeléctrico.
Por lo tanto, está en línea con esas obligaciones internacionales en decreto. Uruguay no podría seguir como ha hecho, como ha sucedido en años anteriores o en otros cambios tecnológicos, no podría establecer un decreto que dijera: “Los únicos operadores van a ser el 4, el 10 y el 12, el 5, y algún canal comunitario más”. Eso violaría las obligaciones internacionales del Estado. Por lo tanto nos parece bien que se haga una reserva amplia, que haya llamado a interesados, y que existan concursos públicos, abiertos, transparentes, y sin una barrera económica al ingreso, como sí ocurren en otros países lamentablemente, para que tengamos en definitiva un sistema de televisión más diverso, y en definitiva a nivel de competencia, en esto no estamos innovando en nada, quedarán los que tengan las mejores propuestas comunicacionales.
Yo creo que el 4, el 10 y el 12 arrancan con una ventaja porque están establecidos hace años, son la industria nacional, acá nadie quiere que desaparezcan, pero bueno, tendrán que competir con otras opciones.
La declaración de la Coalición dice que “el hecho que los actuales operadores de televisión privada tengan un tratamiento privilegiado y se les asigne nada menos que un canal múltiplex completo es un error”. Dicen que es una violación parcial al principio de igualdad. Lanza, ¿por qué la duda? ¿Por qué se considera que se estuvo mal en este punto?
Edison Lanza: Porque creemos que es claro el decreto en el sentido de que establece un sistema de concursos para acceder a señales en televisión digital, pero en el Artículo 9 dice que los actuales operadores deberán avisar a la URSEC, o comunicar a la URSEC, si van a hacer uso de un canal múltiplex completo que se les reserva de pique. Entonces no entendemos por qué todos los operadores, o todos los que aspiren a ser operadores de televisión digital deben pasar por un concurso, incluido el pequeño sector comunitario, que es realmente minúsculo, y en el caso de los canales 4, 10 y 12 se les asigna de pique un canal múltiplex completo que es mucho más, además, de lo que tienen ahora.
Nosotros decimos: bueno, si se les reservara una señal, que es lo que actualmente tienen, parecería adecuado por el tema de los derechos adquiridos y demás. Pero si se les va a asignar nuevo espectro y nuevos servicios y los demás van a tener que concursar, lo cual está bien, me parece que también deberían concursar. En todo caso debería discutirse si tienen que tener un puntaje especial adicional por toda la experiencia previa que tienen, etcétera, pero me parece que el sistema que se eligió no es bueno, porque de algún modo vuelve a tratar a estos canales establecidos como privilegiados, les da un privilegio respecto a los demás y violenta el principio de igualdad, etcétera.
Por ahí creemos que hay un error. De pronto el gobierno quiso asegurar que la industria nacional establecida se mantuviera, y yo creo que no van a tener problemas si tienen que concursar. Pero además concursar es bueno porque por primera vez van a existir audiencias públicas, la gente va a conocer de antemano cuáles son los proyectos de comunicación de todos los que aspiren a hacer televisión y a transmitir en televisión digital. Van a existir mecanismos de transparencia y de control, por lo tanto todo esto es interesante y sería interesante que también participaran los actuales canales.
Ustedes desde Andebu, Inchausti, tienen muchas dudas a propósito de cómo van a llegar a esos canales, pero en principio consideran que es poco lo que se les da de beneficio por estar allí instalados.
Rafael Inchausti: Sí, en este tema tenemos una opinión radicalmente opuesta a la que manifestó mi amigo Lanza recién. En realidad creemos que la excusa de un cambio tecnológica no puede tener como consecuencia el cambio de condiciones en las que un operador autorizado ha prestado un servicio de difusión continúe prestando su servicio. Y esto está establecido concretamente en el decreto 734 del año 78 que es el reglamento de radiodifusión, y es el que reglamenta el decreto de ley 14670 que es la ley actual de radiodifusión. En otras condiciones con una nueva ley que establezca otros principios, otras condiciones, podríamos estar hablando de otras cosas, pero la ley que rige en este momento es el decreto de ley 14670 y está reglamento por el decreto 734 del 78. Y en el Artículo 3º de ese decreto se establece que el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de cambiar una frecuencia debiendo en estos casos otorgarse frecuencias o establecerse condiciones de funcionamiento lo más similares posible a las originales. Es decir que, siguiendo este principio establecido en este decreto, los actuales operadores pueden ser pasibles sí de que se les modifique una frecuencia pero la nueva frecuencia debe ser lo más parecida posible a la original, sino idéntica, en este caso estamos hablando de cambio de banda, de la banda VHF (Very High Frequency) a la banda UHF (Ultra High Frequency), pero lo que indica este artículo de este decreto es que en esos casos se le debe asignar un canal, una frecuencia, lo más similar posible al original.
¿Ustedes consideran que no está dado eso, en el principio, en este proyecto de decreto?
Rafael Inchausti: Consideramos que con la asignación de 6 megahertz sí está dado. No está dado cuando se indica que durante un periodo de transición los tres canales deban compartir un mismo canal para enviar sus tres señales. Sí en la situación definitiva, si se les asigna un canal de 6 megahertz ahí sí porque actualmente tienen un canal de 6 megahertz.
Que es el que pueden tener varias señales.
Edison Lanza: Una precisión. Se les asigna un canal conjunto para transmitir sus señales hasta que finalice la transición al mundo digital pero van a conservar mientras tanto el actual canal analógico, por lo tanto no se puede establecer que tienen que darles una señal lo más similar posible, porque en definitiva sería ya superar todos los límites de concentración. Estaríamos duplicando la cantidad de espectros que usan los canales aún sin entregar la actual frecuencia que tienen ocupada en lo analógico.
Ustedes son muy críticos con ese aspecto. En su comunicado dicen: No es novedad, pero la televisión privada en Uruguay está dominada por los “tres grandes” de la televisión (los grupos titulares de los canales 4, 10 y 12). Estos tres grupos son titulares además de un canal de televisión para abonados en Montevideo cada uno y de varios cables del interior. Resumo lo que dicen: de este modo, de forma directa o indirecta sus contenidos se emiten en el 100% de la televisión abierta privada más en buena parte de la televisión para abonados. Ustedes critican que acá esta concentración no va a terminar, o por lo menos no va a cambiar mucho.
Edison Lanza: Por lo menos este decreto no lo ataca. Yo creo que es razonable que este tema sea materia de una ley, porque en definitiva también están implicados derechos de propiedad, etcétera, pero creo que el país se debe una discusión acerca de todo lo que pasó y del nuevo sistema de medios que esta política de comunicación quiere establecer. Qué va a pasar en toda esa transición. Una cantidad de mecanismos que los canales utilizan a través del cable y de televisión abierta, por el cual yo diría que en televisión abierta el 100% de los canales del país de algún modo transmite los contenidos del 4, el 10 y el 12. Modo directo o modo indirecto, por control de la propiedad o por control a través de determinados contratos que tienen con la televisora del interior.
Inchausti, a propósito de la concentración de los canales privados.
Rafael Inchausti: Yo creo que no podemos seguir pensando el ámbito de los medios, ni el uruguayo ni el mundial, con la mentalidad de los años 70. Es decir, el mundo ha cambiado muchísimo. Las nuevas tecnologías han replanteado el panorama y el mapa de las comunicaciones en el mundo, y creemos que este proyecto de decreto debilita las posibilidades de los canales de televisión uruguayos, que han sido llamados “los tres grandes”, que en realidad en el concierto mundial son tres enanos, o tres piojos, porque no son más que eso.
Son chicos respecto a lo que es un canal internacional.
Rafael Inchausti: Sí, internacional o en Sudamérica o incluso en el Mercosur, no tienen ningún peso. Están haciendo importantes esfuerzos por producir localmente, por colocar sus producciones en el exterior y es un mercado muy competitivo, requiere de trabajar con mucha calidad, con productos de mucha calidad y muy buena factura, y creemos que las condiciones en que está planteado este proyecto de decreto debilitan las posibilidades de que los canales de televisión uruguayos puedan sostenerse frente a las cataratas de propuestas que llegan por satélite, por cable, por internet, como servicios incluso de Video On Demand como se ha instalado hace pocas semanas aquí en Uruguay y en varios países de Sudamérica, brindando la posibilidad de acceder a un servicio audiovisual que no tiene ningún control por las autoridades nacionales. ¿Qué autoridad nacional le va a imponer cuota de pantalla, o le va a imponer pago de impuestos a una empresa que ni se sabe dónde está instalada?
Lanza, a propósito de la concentración no sé si querías decir algo.
Edison Lanza: Yo estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de que vamos a un mundo distinto pero hoy todavía existe la prohibición de que capitales internacionales puedan acceder a una frecuencia en televisión en Uruguay. Todavía está reservado el capital nacional.
Y en radio también, ¿no?
Edison Lanza: Bueno, y en radio también. Solo podrían ingresar en televisión cable. Mientras que ello ocurra me parece que tenemos que tener un marco de diversidad y de anti-concentración, algunas medidas de anti-concentración específicas, porque si no estamos haciendo una suerte de reserva de mercado y de mayorazgo para quienes ya están en la televisión hace 40 o 50 años y eso está prohibido también por la Constitución. Yo creo que de algún modo nos llegó a todos la hora de competir, a los comunicadores, a los que trabajamos en comunicación, seguramente va a haber negociaciones Mercosur en algún momento para que la televisión del Mercosur tenga como Europa tiene la directiva Televisión Sin Fronteras, y se pueda producir no solo para el mercado local sino para el mercado regional o internacional. Tenemos que preparar una transición hacia eso. Yo creo que la transición empieza por casa. Si no podemos competir en condiciones de igualdad en casa, si no podemos desarrollar una industria de contenidos a través de estas herramientas que estamos discutiendo, creo que en algún momento la catástrofe podría ser peor. A mí me parece que estas herramientas lo que generan es un camino hacia una mayor competencia, diversidad, pluralidad de voces, y también de empezar la producción nacional.
Les voy a preguntar para el final qué idea tienen de lo que puede pasar con este decreto que se puso a consulta pública. Ahora está en manos del Ejecutivo, obviamente de sus asesores también. Desde Andebu, ¿cuál es la idea? ¿Que va a haber modificaciones o que este decreto casi como está va a ser el que salga?
Rafael Inchausti: No. Creemos que necesariamente tienen que existir modificaciones, sobre todo en los aspectos que nosotros señalamos que son inconstitucionales o ilegales. Por ejemplo, la imposición de obligaciones de distinta naturaleza. El canon y otras obligaciones por medio de decreto. Eso contraviene al Artículo 10 de la Constitución que dice que nadie estará obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces hay una serie de prohibiciones y de obligaciones que están impuestas por medio de decreto que son inconstitucionales. Eso necesariamente tiene que ser revisado. Y por otro lado creemos que debieran ser también revisadas las condiciones de asignación. No nos oponemos a que se promueva el sector público, que se promueva el sector comunitario, creemos que el sector profesional a través de las disposiciones que establece este decreto no se fortalece sino que se debilita.
Profesional comercial.
Rafael Inchausti: El sector profesional comercial. Y eso no lo deja en buenas condiciones y bien parado frente a la competencia, que no solamente es interna, es una competencia internacional en este momento.
Lanza, qué Didea tienen ustedes de qué puede pasar.
Edison Lanza: Creo que notoriamente la consulta pública tiene el sentido de no solo esa crítica que hoy nosotros hacemos porque nos estamos focalizando en estos temas sino de pulir un decreto que realmente va a ser muy importante para el futuro de la televisión. Necesariamente creo que ahora tiene elementos el Poder Ejecutivo como para revisar una cantidad de aspectos, mejorarlos si fuera posible. Creo que queda cada vez más clara la necesidad de que el país tenga una Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Creo que estamos maduros, el debate público ha sido fuerte. El programa de ustedes le ha puesto mucha atención. Y el hecho de que hoy con visiones opuestas estemos debatiendo acá indica que el clima en Uruguay no es el mismo que se vivió en Venezuela, en Argentina o en Ecuador. Estamos de acuerdo en muchas cosas, por suerte hoy, en la existencia de tres sectores, en el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. Obviamente cada uno puede tener algunos intereses en juego.
Yo discrepo con Rafael en que los tres canales no están lo suficientemente fuertes como para tener una competencia en el sector privado comercial más fuerte de la que tienen hoy, pero en definitiva creo que son matices menores. A lo que voy es que creo que es cada vez más evidente la necesidad de una ley que regule estos aspectos y que le dé certeza jurídica a todos los actores. Y por otro lado también crear fondos para generar un sector público y un sector comunitario más fuerte, que tengan alguna incidencia en la comunicación y que realmente le den pluralidad. Por el hecho de ser comunitarios o ser públicos no tienen que ser pobres y no tienen que ser de poca potencia comunicacional.