El problema surge de los expedientes que ya se iniciaron y que están en manos de los jueces penales pero que son de materia de crimen organizado. La gran cantidad de crímenes tipificados como crimen organizado (tráfico de armas, lavado de activos, fraudes tributarios, etc.) implica que la mayoría de los jueces penales estén enfrentados a la disyuntiva.
Al estudiar los casos, los jueces penales se han enfrentado a situaciones que no están contempladas ni en la ley 18.362 ni en la acordada 7642 (norma interna del Poder Judicial) aprobada el 24 de diciembre y que reglamenta la ley (ver documento adjunto).
Para evacuar las dudas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó una comisión para interpretar la normativa y elaborar un informe que sugerirá si se debe redactar una nueva acordada que aclare la competencia de cada juzgado o si es necesaria una nueva ley.
Lo que está claro es que no se deben distribuir a los juzgados de Crimen Organizado los expedientes que ya tienen el llamado para sentencia porque ésta será dictada por el juzgado de origen. Tampoco serán distribuidos los asuntos que estén archivados o en estado de ser archivados.
Los juzgados aún no están en falta
El director de Comunicación de la SCJ, Raúl Oxandabarat, explicó a 180 que el Poder Judicial no está en falta porque la ley establece que la remisión de asuntos en trámite de los juzgados penales de todo el país deberá realizarse cuando los juzgados de Crimen Organizado estén instalados definitivamente.
Por el momento, los nuevos Juzgados Letrados Especializados en Crimen Organizado continúan funcionando en las instalaciones de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de 4º y 7º turnos.
Como aún no se mudaron ni siquiera a la sede provisoria -que se prevé sea sobre la calle Buenos Aires- la comisión que estudia las dudas de los jueces penales tiene un margen de tiempo para emitir su recomendación a la SCJ.
En cuanto a la sede definitiva, está previsto que sea una propiedad en la zona del Prado.
Los titulares de los nuevos juzgados, Dra. Graciela Gatti (ex Jueza Letrada en lo Penal de 7º Turno) y Dr. Jorge Díaz (ex Juez Letrado en lo Penal de 4º Turno) iniciaron sus funciones el 1° de enero de 2009 y se distribuyen su competencia por períodos decenales o aproximadamente decenales: del primero al diez, del once al veinte y del veintiuno al último día de cada mes.
