El juez Pedro Salazar dictó procesamiento con prisión para José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Gilberto Valentín Vázquiez Bisio, Jorge Silveira Quesada y Ricardo José Medina Blanco “como coautores penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado”, en la causa que investigó la muerte de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman.
El juez también solicita la extradición de Manuel Cordero, involucrado en este hecho.
En el fallo, el magistrado cuenta la detención que sufrió María Claudia cuando tenía 19 años, el 24 de agosto de 1976. Fue secuestrada con siete meses de embarazo, junto a su marido, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, y su cuñada, Nora Eva Gelman Schubaroff, y un amigo Luis Edgardo Peredo.
Nora y Luis fueron liberados cuatro días más tarde. Marcelo fue asesinado tras las intensas torturas a las que fue sometido en Automotores Orletti. A fines de setiembre o principios de octubre de 1976 fue ejecutado y su cuerpo arrojado al río. Luego los cuerpos fueron recuperados y enterrados como NN en Buenos Aires. En 1989 sus restos fueron identificados.
María Claudia fue trasladada clandestinamente de Orletti a Uruguay. Según el fallo, ella “carecía en absoluto de militancia política” y “habría permanecido en Orletti privada de su libertad, hasta fines del mes de setiembre o principios del mes octubre del año 1976, en que fue trasladada a nuestro país. Continuó aquí privada de su libertad en cautiverio, hasta el nacimiento de su hija, luego de lo cual fue asesinada”.
“Seguramente luego del parto y de que fue separada de su hija, se procedió a darle muerte, de un modo aberrante, ya que implicó una ejecución y porque además se la mantuvo con vida hasta que dio a luz. Ello esta marcando que el interés era que tuviera el hijo, luego ya carecía de valor, con la macabra consecuencia”, agrega el juez.
En el fallo, Salazar se afilia a la tipificación de homicidio especialmente agravado y no la de desaparición forzada, teniendo en cuenta la irretroactividad de la ley penal. El delito de desaparición forzada fue creado en Uruguay en setiembre de 2006.
“En el contexto en el que se produjo la desaparición de María Claudia García de Gelman en el año 1976, se puede concluir de acuerdo a la certeza razonada, de que fue ejecutada por quienes ilegítimamente la secuestraron y le privaron su libertad. Los agentes estatales involucrados para procurar asegurarse la impunidad, procedieron al ocultar el cadáver. Al ser en este momento un hecho notorio, no es necesario para probar su muerte, tener sus restos”, reza el dictamen.
El fallo, sin embargo, ordena formar una causa separada para que continúe la búsqueda de los restos de María Claudia.
Esta muerte se erige en un emblema del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Una estudiante universitaria y operaria de una fábrica, sin militancia política, secuestrada en Buenos Aires, con siete meses de embarazo, y asesinada en Uruguay poco después de dar a luz.
