“Para mí y para la institución que integro es un día difícil”, dijo Díaz a la prensa. El juez remarcó que en el trámite que llevó al procesamiento de una magistrada de renombre no incidió ningún actor de fuera del Poder Judicial. “Esto significa que el sistema se autosanea”, destacó.
“Acá no hubo una denuncia de un particular, no hubo una investigación policial, no hubo una solicitud de investigación del Ministerio Público. Lo que existió fue una magistrada judicial que detecta irregularidades en un expediente, que realiza una investigación administrativa para aclarar los hechos, que detecta irregularidades con apariencia delictiva, que pone esos hechos en conocimiento de un juez competente quien inicia de inmediato una investigación a los efectos de esclarecerlos. En tanto y en cuanto se determinan hechos con apariencia delictiva, se dicta un auto de procesamiento”, afirmó.
Respecto a las modalidades empleadas por Damasco para apropiarse indebidamente del dinero, Díaz dijo que fueron dos. Se imputan siete delitos de peculado en reiteración real. El peculado es la apropiación indebida por parte de un funcionario público.
“El procedimiento normal es que cuando se recibe dinero de un allanamiento policial, los agentes entregan el dinero o le solicitan al juez una orden para depositarlo en el Banco República y se deposita en una cuenta judicial que nosotros llamamos ‘de autos y a la orden del juzgado”, contó Díaz.
Damasco en tres oportunidades no depositó el dinero que le entregó la policía en el banco ni lo dejó en confre fort del juzgado. “Un caso de 4.000 euros que fueron recibidos en mano propia por funcionarios de la Jefatura de Policía y luego no fueron depositados y un caso de una incautación de 117.000 euros que se recibieron en mano propia. Se depositaron 113.000 en una cuenta personal por una razón en ese momento de procedimiento, que luego se retiran 113.000 y se depositan 107.000. Es decir que entre las dos operaciones estamos hablando de 10.000 euros”, describió.
Esta última irregularidad se dio en la denominada “Operación Campanita”, que permitió desarticular una banda de narcotraficantes e incluso llevó al procesamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro, y en otro expediente.
“La segunda modalidad es depositar el dinero en el Banco República ‘a la orden del juzgado y bajo el rubro de autos’ y librar órdenes pago al banco para que le pagaran a ella misma determinadas sumas de dinero. Esa modalidad fue utilizada en un expediente en tres oportunidades y en la Operación Campanita en una oportunidad”, afirmó Díaz.
El juez del Crimen Organizado reafirmó su convicción sobre la actuación de la justicia independientemente de quiénes sean los imputados en una causa. “Nosotros hemos dicho siempre que no nos importa el nombre, no importa el cargo, el poder, el dinero, la fama de la persona a investigar. Si hay hechos con apariencia delictiva, se investiga. Si hay elementos de convicción suficiente, se procesa. Y si hay elementos de prueba más allá de una duda razonable, se condena”, sentenció.