Bango dijo a 180 que tiene el 90% de seguridad de que se logrará llegar al 1º de marzo, cuando arranque la próxima legislatura, con un acuerdo en el Frente Amplio para introducir algunas modificaciones en la ley de adopción.
Para los niños menores de tres años, los jueces deberán pronunciarse en menos de 45 días. En los mayores, el plazo se extenderá a 90 días. Hoy no hay plazos establecidos por ley para el pronunciamiento judicial sobre si un niño puede ser adoptado.
Otro cambio que propone Bango, con el acuerdo del Frente Amplio, es que mientras se tramita la decisión judicial, la tenencia del niño sea de la familia potencialmente adoptante. “Entonces, si el juez decide que ese niño está en condiciones de ser adoptado, la familia ya tendría la tendencia. Con eso minimizás el problema afectivo que se le genera a un niño cuando va de una familia a la otra”, dijo el legislador.
También se analiza que se pueda alterar el orden en la lista de familias en condiciones de adoptar. Por ejemplo, si la familia está primera pero no quiere adoptar un niño discapacitado o mayor de dos años y la que le sigue en la lista sí, que se pueda alterar el orden si el niño tiene esas características.
“Mi idea es que el 1º de marzo el Frente tenga redactado el proyecto para que ya pueda ingresar al Plenario”, adelantó Bango. Para él, la ley que está vigente, pese a tener algunas imperfecciones que se solucionarían con estos cambios, “representó una mejora”.
Bango dijo que está dispuesto a discutir todos los temas en la comisión multipartidaria que está funcionando sobre este asunto pero que es “terminante” en que el Estado debe ser quien maneje las adopciones.
“Yo considero que la única organización que da garantía a los ciudadanos de cómo se da en adopción los niños y las niñas es el Estado. En una cuestión tan relevante como es sacar a un niño de una familia de origen y que pase a otra, con todos los derechos, con cambio de apellido, la garantía la debe dar el Estado. No la puede ofrecer ninguna organización no gubernamental, lo digo yo que trabaje 15 años en esas organizaciones y que estoy a favor de ellas”, señaló.
“No puede ser una excusa la presunta ineficiencia de un servicio del Estado. Si los servicios del Estado funcionan mal, hay que meterles mano y hacer que funcionen bien. Ahí la palabra monopolio no me asusta, justamente es lo que quiero”, agregó.
