El lunes en el juzgado letrado de Rocha, a cargo de María Enrique, se desarrolló la tercera audiencia por la urbanización de un complejo de residencias privadas en las cercanías de Laguna Garzón. El miércoles la jueza insepeccionará el predio en litigio.
En diciembre los ministerios de Vivienda y de Transporte, y las intendencias de Maldonado y Rocha suscribieron un convenio con Consultatio SA, una firma argentina que se comprometió a urbanizar una amplia zona de Rocha a cambio de hacer gratuitamente para el Estado un puente que una por la costa oceánica a Maldonado y a Rocha sobre la Laguna Garzón.
Un grupo de abogados y la organización Vida Silvestre presentaron un recurso ante la justicia para detener las construcciones. Los denunciantes alegan que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no hizo ningún estudio de impacto ambiental.
El proyecto inmobiliario se llama Las Garzas y consta de unas 500 viviendas privadas en Rocha. Los constructores piensan edificar 240 hectáreas en lotes de entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados.
Vida Silvestre pidió en 2006 que la zona entre la Laguna Garzón sea incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, propuesta que todavía está a consideración de las autoridades. Sin embargo, la Dinama ya la otorgó la clasificación A, o sea, sin impacto ambiental a Las Garzas.
En la audiencia declararon los empresarios, los denunciantes y el técnico de la Dinama que autorizó el proyecto de urbanización en la zona en litigio.
Tanto la Dinama como la intendencia de Rocha trataron de hacer ver que el plazo para la presentación de la denuncia había caducado. También señalaron que la jueza no era competente para la denuncia.
“Ellos en el tema del fondo no entraron. Nosotros procuramos que se haga un estudio de impacto ambiental por la Universidad de la República y que el proyecto recoja esas conclusiones. No es que
querramos que el proyecto caiga, simplemente que antes de construir 500 casas, cerradas, sin calle pública, nos parece que lo mínimo que se puede hacer es un estudio de impacto ambiental serio e independiente”, explicó a 180 el abogado Mauricio Fioroni.
