El acto cumplido en el Palacio Legislativo ante la Asamblea General fue presidido por Mujica, junto al presidente de la Asamblea General y vicepresidente, Danilo Astori, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez. Así estuvieron representados los tres poderes del Estado.
Para dar cumplimiento al punto número 12 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011, Mujica leyó un texto que había sido acordado previamente con los querellantes, Macarena y Juan Gelman, que estaban presentes en uno de los balcones de la sala.
Mujica leyó que querían “reflejar en este acto la manifestación más global posible del Estado Uuruguayo” y que se daba cumplimiento a la sentencia en el marco de la ley que en 1985 reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Pacto de San José de Costa Rica.
Como “víctimas de violaciones de los derechos humanos, María Claudia y su familia tienen el derecho que obliga éticamente al Estado al reconocimiento, asunción de responsabilidad y reparación por los actos que padecieron”, leyó el presidente.
Mujica, que no se apartó en ningún momento del texto escrito, dijo después que para cumplir con esa sentencia también se había removido “los obstáculos jurídicos que impedían la investigación” de los hechos. Esto en referencia a la ley aprobada en 2011 que dejó sin efecto la Ley de Caducidad.
El texto hizo un detallado racconto de la detención clandestina y el secuestro de María Claudia en Argentina en 1976, su posterior traslado clandestino a Uruguay -cuando tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses- y su desaparición luego del nacimiento de Macarena. Allí se afirmó que la investigación de los hechos “no cesará hasta la ubicación definitiva de los restos de María Claudia” y la “individualización de los responsables”.
En voz de Mujica, el Estado reconoció que Uruguay formó parte de la coordinación represiva del Plan Cóndor, que operó durante las dictaduras del Cono Sur de los setenta y ochenta, lo constituyó una “expresión del terrorismo de Estado” cuya práctica fue “sistemática”.
“En nombre de la República Oriental del Uruguay como entidad colectiva, y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material de los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena”, leyó Mujica. Luego agregó que “el Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de Macarena” y en la “violación de los derechos de Juan Gelman”.
También se reconoció la “falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso como consecuencia de la interpretación que el Estado dio a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.
Mujica cerró sus palabras diciendo que el Estado condena los hechos y asume la responsabilidad de que nunca más vuelvan a repetirse.
La breve oratoria terminó con un aplauso cerrado en el recinto de la Asamblea General, donde estaban todos los legisladores del Frente Amplio. También estuvieron presentes parte de los representantes blancos y colorados.
