La resolución propuesta por el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, y votada por el resto de la bancada del Frente Amplio (FA) fue de “allanarse” -es decir aceptar- “a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción planteada por el Ministerio Público y Fiscal a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15848 del 22 de diciembre de 1986”.
El origen de esta convocatoria a la Asamblea General fue que la Suprema Corte de Justicia dio vista al Parlamento y al Poder Ejecutivo del pedido de inconstitucionalidad para el caso de la militante comunista Blanca Sabalsagaray, asesinada en 1974. El pedido fue hecho por la fiscal Mirtha Guianze el año pasado.
La moción de Nin Novoa fue aprobada por 69 legisladores en 71 presentes. Es que en el momento de la votación, sobre las 16.10 de la tarde de este miércoles, quedaban en sala los legisladores del Frente Amplio, el diputado colorado Daniel García Pintos e Iván Posada, único legislador del Partido Independiente. La amplia mayoría del Partido Colorado y toda la bancada del Partido Nacional habían optado por retirarse de sala o, en el caso de Alianza Nacional, ni siquiera entrar al recinto.
La postura de la oposición
Aunque con matices, todo el Partido Nacional adoptó la misma posición respecto al contenido de la convocatoria de la Asamblea General para responder sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad. El sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, directamente decidió no entrar a sala. Unidad Nacional, de Luis Alberto Lacalle, entró pero sólo para leer una declaración y luego retirarse.
La sesión comenzó sobre las 10.40. Por el Partido Nacional ingresaron los diputados Gustavo Borsari y Carlos Mazzulo para votar el levantamiento del receso de la Asamblea General y pedir un cuarto intermedio. Ambas cosas fueron votadas. Sobre las 11.30 se levantó el cuarto intermedio y se inició el debate con una fuerte intervención del senador oficialista Rafael Michelini a favor de la inconstitucionalidad de la ley.
El senador blanco Sergio Abreu explicó en conferencia de prensa las razones que llevaron a Alianza Nacional a no participar de la sesión. Dijo que hay discrepancias jurídicas porque no es potestad del Poder Legislativo ni del Ejecutivo decidir sobre la constitucionalidad de una ley. Ese es un resorte de la Suprema Corte de Justicia, dijo.
Abreu definió la sesión de este miércoles como un “atropello al Estado de Derecho y a la soberanía popular”, recordando que la Ley de Caducidad fue ratificada en un plebiscito. “El Frente Amplio no respeta la democracia republicana”, agregó.
La posición del lacallismo
Sobre las 11.40, el Herrerismo y Correntada Wilsonista (integrantes de Unidad Nacional, UNA) decidieron entrar a la sesión. Lo hicieron solo para leer una declaración y luego retirarse de sala.
En la declaración afirman que la "declaración de inconstitucionalidad de una ley es competencia exclusiva del Poder Judicial". Además, afirman que el camino, si se considera que una ley es inconstitucional, es "el de la derogación" para lo que "el gobierno dispone de las mayorías parlamentarias necesarias; sin necesidad de violar Principios Supremos como la separación de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial". "El gobierno no tiene derecho a manipular las instituciones y debilitar permanentemente y con fines exclusivamente político electorales, el Estado de Derecho", agrega la declaración de UNA.
La declaración concluye con una mención a Wilson Ferreira Aldunate y su "aporte generoso" en "momentos difíciles". Se alude ahí a la gobernabilidad dada por Ferreira al primer gobierno de Julio María Sanguinetti y la votación en aquel entonces (diciembre de 1986) de la Ley de Caducidad. Ese aporte, afirman en UNA, "está por encima de las pequeñeces que hoy inspiran a convocar esta asamblea".
En el momento de retirarse, los senadores Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber se refirieron a que este no era el momento para discutir las diferencias entre anulación o derogación de una ley. Para varios sectores del oficialismo y de las organizaciones de derechos humanos esta diferencia es fundamental. Si una ley es anulada, todo lo que se haya hecho en su nombre puede ser revisado, como si nunca hubiera existido. La derogación, en cambio, implica un efecto solamente a futuro. Los opositores a la ley quieren que se anule para poder revisar lo actuado.
Moción de orden
Sobre las 15.30, el Partido Colorado presentó una moción para levantar la asamblea porque no corresponde el tratamiento del Poder Legislativo de este tema. Esta presentación fue votada solamente por los ocho legisladores colorados presentes y resultó negativa. Ya se sabía que sería ese el resultado. Tras esa presentación casi todos los colorados se retiraron de sala. El único que quedó fue García Pintos que dijo quería votar en contra de la posición del oficialismo.
Él, junto al diputado del Partido Independiente, Ivan Posadas, fueron los únicos legisladores no oficialistas que quedaron en sala hasta el momento de la votación. El colorado votó contra la posición del gobierno de aceptar la inconstitucionalidad de la ley. Posadas presentó una moción sobre la impertinencia de un respuesta que contó sólo con su voto.
Las barras
En las barras, unas 70 personas presenciaron el debate. Entre ellas estaban Macarena Gelman, el abogado Óscar López Goldaracena y el investigador Óscar Destouet.
