Por Cam McGrath
Las Fuerzas Armadas han dominado la vida política de Egipto por casi 60 años. Cuatro presidentes de origen militar y ahora un consejo de generales gobernaron el país desde que fue derrocado el último rey, en el golpe de Estado de julio de 1952.
Ese golpe dejó el camino libre para que los militares construyeran un imperio económico, administrando fábricas, cobrando comisiones por contratos del gobierno y amasando fortunas con la venta de tierras públicas.
Expertos estiman que la oligarquía castrense controla entre cinco y 40 % de la economía egipcia, pero la cifra real nunca se sabrá. La información sobre negocios militares es considerada secreto de Estado. Un periodista que trate de investigarla puede terminar en prisión.
Por años, los presidentes pagaron la lealtad de los militares otorgándoles diversos privilegios y ventajas. A los oficiales que se retiraban se les concedía algún cargo de autoridad sobre una provincia o localidad. Otros ocuparon puestos en compañías públicas.
De esta forma, militares retirados ganaron mucha influencia en diversos sectores del Estado, incluyendo el Comité de Elecciones, cuyos fallos no pueden ser apelados.
Compañías en propiedad de militares operaban libres de impuestos y de supervisión gubernamental, beneficiándose del acceso a tierras públicas y de la fuerza laboral de unos 250.000 conscriptos.
Los principales candidatos presidenciales prometieron que las Fuerzas Armadas no estarían por encima del presidente ni de la Constitución. Pero desmantelar el control de los uniformados o revocar sus privilegios podría generar un fuerte enfrentamiento.
El gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas había prometido entregar en seis meses el poder a un gobierno civil. Tras quedarse sin excusas por la demora en concretar su promesa, acordó celebrar elecciones presidenciales para ceder el mando a fines de junio próximo.
Mientras, los generales aprovechan la prolongada transición para consolidar su poder. El Consejo designó a oficiales activos y retirados para administrar puestos civiles clave en la industria, en los bienes raíces y en los medios.
También nombró a jueces militares para casos civiles, en los que se emitieron severos fallos contra personas que criticaron las políticas del gobierno de transición.
Los líderes militares además elaboraron una severa legislación que restringe la libertad de prensa y prohíbe muchas formas de protesta popular.
Las iniciativas anticorrupción y los fallos para "restablecer la estabilidad" en Egipto parecen pretextos para reprimir el disenso y mantener los privilegios de que el ejército ha gozado por más de 60 años.
Como mínimo, los generales quieren tener la última palabra en temas de seguridad nacional y asuntos militares, y salvaguardar su presupuesto y sus actividades económicas.
Además, los generales están a tiempo de establecer sus propias leyes. El parlamento egipcio no ha logrado instalar una Asamblea Constituyente que especifique los poderes del nuevo jefe de Estado.
Expertos legales señalan que, a menos que se adopte una nueva Constitución, el Consejo mantendrá su autoridad sobre el presidente y el parlamento.
Pero aún en la nueva carta magna los militares procuran asegurarse el poder, por ejemplo a través del propuesto Consejo de Seguridad Nacional, que estaría integrado por ministros, parlamentarios y altos mandos castrenses, lo que les daría a estos últimos voz en diversos temas, desde política exterior hasta economía.
De todas formas, es improbable que acepten una nueva Constitución sin que se les aseguren sus privilegios económicos y su influencia en la seguridad nacional, además de inmunidad jurídica, considerando las numerosas denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos en los últimos 15 meses.
