Videla encabezó la junta de comandantes entre 1976 y 1981, el período de mayor violencia represiva del régimen y que dejó un tendal de 30.000 desaparecidos y 500 niños robados, además de decenas de miles de exiliados, detenidos y torturados, según organizaciones humanitarias.
La noche del jueves, el hombre sobre el que ya pesaban dos sentencias a prisión perpetua, se quedó mirando fijo, sin que se le moviese un músculo de la cara, a la presidenta del tribunal que lo enjuició, María del Carmen Roqueta.
En otras jornadas del juicio había caminado frente al tribunal como si estuviera en un desfile y ahora estaba tieso como un soldado de guardia.
"Condenar a Jorge Rafael Videla a la pena de 50 años (...)", leyó la jueza el dictamen por la práctica de sustraer niños y entregarlos a familias de militares, fuerzas de seguridad y allegados.
Videla cumple sus condenas en una celda común de la localidad de Marcos Paz, 45 km al oeste de Buenos Aires, y allí se quedará por el resto de su vida, en un presidio donde hay decenas de exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos.
"El desaparecido, mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial: es eso, una incógnita. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido", se había justificado en 1979 ante un periodista que lo interrogaba sobre denuncias internacionales.
Pero en un libro de reciente publicación admitió que "había que matar a unos 7 u 8 mil subversivos", la manera en que la dictadura llamaba a todo aquel que se opusiera al régimen.
Durante los juicios, siempre desconoció a los tribunales civiles y reivindicó la metodología del régimen porque el país vivía una "guerra contra subversión", en relación a las organizaciones armadas que actuaron en los 70 pero que ya estaban prácticamente desmanteladas cuando se dio el golpe de Estado.
En su último alegato, pronunciado en el juicio por robo de bebés, acusó de ser "militantes de la maquinaria del terrorismo" a las detenidas que daban a luz en maternidades clandestinas, muchas de ellas con los ojos vendados y engrilladas, según sobrevivientes.
"Todas las parturientas, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terrorismo. Usaron a sus hijos como escudos humanos", dijo delante del tribunal, enfundado en su riguroso traje azul y corbata.
Tercero de cinco hijos de un coronel del Ejército, Videla está casado con Alicia Hartridge, hija de un diplomático, con quien tuvo siete hijos.
Hombre delgado y huesudo, ferviente católico y liberal en materia económica, suma ya 14 años consecutivos de cárcel y 29 años recorriendo tribunales.
Videla fue condenado a reclusión de por vida y destituido durante el gobierno de Raúl Alfonsín (socialdemócrata), en el histórico Juicio a las Juntas de 1985. De esa condena cumplió 5 años hasta ser indultado por el expresidente Carlos Menem en 1990, tras lo cual volvió a la detención domiciliaria en la causa por robo de hijos de desaparecidos.
En 1988, se le dictó otra prisión domiciliaria por el Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.
En 2007, la justicia declaró inconstitucional el indulto de 1990, mientras seguían avanzando otros procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad, tras la anulación de las leyes de amnistía de 1986 y 1987 por impulso del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
"Videla debería estar en todas las causas contra militares de la dictadura del país, es un emblema del terrorismo de Estado", sentenció María Elba Martínez, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Córdoba (centro).
Hay más de un millar de exmilitares y expolicías bajo juicio.
(AFP)
