La Auditoría Interna de la Nación (AIN) tiene 180 días para responder y los caminos posibles son tres: revisar el caso y cambiar de opinión, mantener su postura o guardar silencio.
La AIN emitió un comunicado donde señala que la confidencialidad no impide que se le dé la información a cualquier persona física o jurídica que lo solicite al Poder Judicial. También se explica que el Poder Legislativo puede solicitar la información, a través del pedido de algún legislador.
"El juez puede exigir que le den la información, pero se debe ir a juicio y el juez tiene que entender que es imprescindible. Son trabas casi infranqueables. En cualquier otro caso, una persona puede pedir información y se la dan, pero en este caso el gobierno quiere ocultar y el auditor general de la nación también", dijo el senador Amorín.
El senador también dijo que como legislador tienen la posibilidad de pedir información, pero el órgano de Estado les puede decir que no se la va a dar porque es confidencial. "Puede no contestarnos, yo tengo decenas de pedidos de informe y a mí no me contesta. En general no contestan los pedidos", señaló.
Amorín dijo que con este recurso pretenden que los ciudadanos en general sepan "cómo se manejó Pluna, cuál era su estado y por qué el gobierno tomó esta decisión". "Sobre todo por los miles de damnificados por el cierre, los funcionarios y pequeños ahorrista que invirtieron en la empresa, y también los que tienen pasajes", sostuvo.
El mismo recurso fue presentado por el abogado Rafael Gibelli, que lo hizo solo y en su calidad de ciudadano.
Gibelli dijo a No toquen nada que se dedica a derecho público desde hace 20 años y es un libertario, sin ninguna afiliación política. "Esto fue ideado abajo de un olmo, en calidad de enojado y violentado en los derechos civiles. Con un grupo de personas pensamos que había que presentar el recurso y quedó en mis manos la ideación. Sentimos que no había que sacar ningún rédito político porque nosotros no pertenecemos a ningún partido", señaló.
Si la AIN no revoca su decisión, el pedido se pasa al MEF, que también puede hacer lo mismo.
Si luego de esto no se resuelve nada, quien presentó el recurso va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se inicia un proceso judicial.
