El primer proyecto de reproducción asistida que se presentó al Parlamento fue del senador Alberto Cid en 1996. En esta misma legislatura el diputado Luis Lacalle Pou presentó otro proyecto. Según el diputado frenteamplista Álvaro Vega el proyecto al que se le dio media sanción está inspirado en el de Cid pero fue la gestión de Lacalle Pou la que hizo que este proyecto se moviera.
La definición de parejas estériles que usa la ley agrupa a aquellas que no lograron una gestación luego de un año de relaciones coitales sin métodos anticonceptivos. Además serán consideradas infértiles las parejas que en ese lapso no logren llevar a término una gestación.
El proyecto establece que “las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, deberán garantizar dentro de las prestaciones integrales de asistencia que obligatoriamente deben brindar a sus usuarios, la posibilidad de la realización de los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad y/o esterilidad, así como el tratamiento, el material descartable y otros estudios requeridos, el asesoramiento y la realización de los procedimientos terapéuticos de Reproducción Humana Asistida de alta y baja complejidad, las posibles complicaciones supervinientes y la medicación correspondiente en todos los casos”.
El texto deja luego a la reglamentación establecer el “nivel y condiciones” en que “el Estado subsidiará tanto los estudios como el tratamiento y demás procedimientos establecidos en el inciso anterior”.
Otro artículo legisla sobre la donación de gametos que “se realizará en forma anónima y honoraria, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de transacción económica”. El Instituto de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos será el encargado de crear un banco de gametos.
El proyecto fue votado por unanimidad, pero el articulado no. Algunos legisladores se opusieron a algunos artículos, como por ejemplo el que determina la eliminación de gametos de personas fallecidas. El texto establece en el artículo 14 que “no podrán realizarse fertilizaciones de gametos o implantarse embriones de personas que fallecieron luego de la toma de muestras o fertilización de gametos. Se considera que el fin de la vida incluye sus gametos o embriones.”
Otro punto en el que no hubo acuerdo fue en el de la identidad del donante. El proyecto establece que “sólo en circunstancias extraordinarias, que comporten un comprobado y grave peligro para la salud psicofísica del hijo, se podrá revelar la identidad del donante”.
Vega, diputado del MPP que informó sobre el proyecto, dijo que lo que la ley saca el tema del ámbito ético de cada profesional y le da un marco jurídico, esto también implicaría sacarlo de la clandestinidad. Además, cuestionó los argumentos que critican este proyecto desde un plano moral o religioso.
“Si una pareja está en contra de estas técnicas y no puede tener hijos, no está obligada a ir a una clínica a aplicarse cualquiera de estos procedimientos. Puede considerar, y lo vamos a respetar íntegramente, que esa es la voluntad de Dios y no hacerlo. Ahora no entiendo por qué, quienes no viven esa situación, deberían estar obligados a transitar la clandestinidad para poder aplicarse técnicas de reproducción. No entiendo. ¿Por qué tenemos que obligar a los demás a vivir como nosotros creemos que hay que hacerlo?”, preguntó.
