Guianze estudia cómo responder a la Corte

El fiscal de Corte entiende que la fiscal Mirtha Guianze no está habilitada para solicitar la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, ya que no es afectada por ningún interés "directo". Guianze piensa lo contrario y está armando la estrategia para responderle a Ubiría.

Actualizado: 18 de marzo de 2009 —  Por: Guillermo Garat

Guianze estudia cómo responder a la Corte

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El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, manifestó a la Suprema Corte de Justicia que la fiscal Mirtha Guianze no tiene legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, informó el lunes El Observador.

El fundamento de Ubiría es similar al que utilizó el Partido Colorado en el Parlamento cuando se dio la discusión parlamentaria, por la que el cuerpo legislativo terminó votando la inconstitucionalidad de la ley de impunidad. El artículo 258 de Constitución dice que las declaraciones de inconstitucionalidad podrán solicitarse por todo el que considere lesionado su interés “directo, personal y legítimo”. Al parecer Ubiría entiende que la fiscal no se ve afectada.

La fiscal Guianze está buscando materiales para responder al argumento del fiscal de Corte, que trascendió en la prensa, ya que recién en la tarde de hoy concurrirá a la SCJ a conocer la opinión de Ubiría.

Fuentes del caso explicaron que Guianze entiende todo lo contrario de Ubiría respecto al artículo 258 de la Constitución. La fiscal, como titular de la acción penal, tiene un interés directo del órgano y se siente lesionada en su derecho como representante de la sociedad. En Urugay no existe la figura del querellante y solamente los fiscales pueden accionar penalmente.

La SCJ le pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo su opinión sobre la inconstitucionalidad de la ley de caducidad por el caso del asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El asesinato fue incluido en la ley de caducidad por el gobierno de Tabaré Vázquez.

La fiscal Guianze ve un obstáculo para citar a algunos militares que están comprometidos en este caso. Entre ellos: el ahora general Miguel Dalmao, el médico militar José Mautone, que aseguró que el crimen de Sabalsagaray fue un suicidio; el responsable de la detención, el por entonces capitán Mario Segnini Sena, y el teniente coronel José Chialanza.

Solo uno de estos militares declaró por escrito y por su propia voluntad, ya que la ley de caducidad habilita que no declaren militares.

Ninguna de las opiniones que solicitó la SCJ para expedirse es vinculante. Se conjetura con que el fallo estára pronto antes de la feria judicial de junio.