Briozzo, en entrevista con la Secretaría de Comunicación de Presidencia, dijo que la Ley Nº 18.937 de Interrupción Voluntaria del Embarazo “es una verdadera ley de promoción de la paternidad y maternidad responsable”, que complementa la Ley Nº 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, votada en el anterior período.
El jerarca explicó que se impulsa la procreación responsable y permitiendo en determinadas circunstancias, cuando la mujer así lo entienda, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Briozzo dijo que las usuarias reciben el asesoramiento de un equipo multidisciplinario para que pueda evaluar de forma consciente, responsable y libre respecto a la interrupción.
“Estamos convencidos -porque la evidencia internacional así lo indica- de que este tipo de leyes, más las políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar y educación en salud sexual y reproductiva, tienen como objetivos mejorar la salud, la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna -hace unos años el aborto provocado era la principal causa de muerte materna en Uruguay-, y disminuir el número de abortos”, señaló. "Los datos internacionales demuestran que si se combinan estas acciones se disminuye el número de abortos, que es lo que todos queremos”, agregó.
Briozzo reconoció que el primer mes siempre es el más complejo, en cualquier ley, más aún si se tiene en cuenta el breve plazo en el que se promulgó, reglamentó y aplicó. “De ahora en adelante hay mucho para mejorar. Este primer mes fue de experiencia, pero también de resultados interesantes”, dijo.
En total se realizaron 200 interrupciones de embarazo en todo el país desde el 3 de diciembre, en mayor proporción en Montevideo que en el interior y más en el medio privado que en el público. “No se reportó ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hubo problemas graves”, dijo, y agregó que sí hubo problemas en “los plazos para llevar adelante el procedimiento”.
El subsecretario dijo que en el caso del Hospital Pereira Rossell se puede deducir preliminarmente que entre un 10 y un 20% de las usuarias que consultan, luego del asesoramiento deciden continuar con el embarazo. “Es un dato importante justamente para quienes plantean que esta es una ley pro-aborto. Nosotros desde siempre dijimos que las leyes de despenalización no son pro-aborto, sino que son pro-derechos y en general tienden a disminuir el número de abortos”, concluyó.
