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A continuación, la entrevista de Joel Rosenberg y Ricardo Leiva al presidente del Instituto Nacional de Colonización, Andrés Berterreche, en No toquen nada (Océano FM).

Ricardo Leiva: En el sitio web del Instituto se cita como su primer antecedente el Reglamento Provisorio de Tierras dictado por José Artigas en 1815.

Uno de las funciones fundamentales del Instituto es la compra de tierras. ¿Cómo se observa y cómo se vive el pico histórico del precio de la tierra que atraviesa Uruguay?

Nosotros tenemos una gran dificultad, justamente por el aumento de la concentración y del precio de la tierra, y por presupuestos que son limitados para los objetivos que tenemos.

En ese marco, de todas maneras, en estos dos períodos se va a hacer una compra histórica por parte del Instituto de Colonización. Casi el 25% de las tierras que va a tener en propiedad van a ser compradas en estos diez años de gestión. Eso es muy importante. Es una forma de mostrar hacia dónde queremos ir. Por supuesto que no alcanza, pero por lo menos los signos están dados.

RL: ¿Te declarás preocupado por la concentración y la extranjerización de la tierra?

Por dos vías soy un ciudadano muy preocupado por el tema de la concentración. Primero por mi posición ideológica respecto a la propiedad de la tierra. Sigo considerando que tiene que haber una predominancia de la propiedad social de la tierra, en usufructo de privados. Yo creo que ese es un modelo interesantísimo para empezar a analizar. Es decir: un sistema en que el Estado pone condiciones y es el propietario de los medios de producción, pero los que lo llevan adelante son los privados, que a veces se los ayuda y a veces se los compromete a que hagan las cosas como las tienen que hacer.

Esta idea abandona un poco la excesiva planificicación estatal y la idea de que produzca el Estado mismo, que ha mostrado que no es un buen camino. Pero sí, con la propiedad, exigiendo y apoyando a los productores. Éste es uno de los elementos más importantes del Instituto.

Pero además mi compromiso con el tema de la concentración de la tierra es un mandato legal de la Ley 11.029 que mencionaban, de 1948, que en el artículo primero habla específicamente de los efectos negativos de la concentración y a favor del bienestar del productor y del trabajador rural uruguayo.

La extranjerización de la tierra es una consecuencia de la concentración, porque no hay tantos capitalistas uruguayos con tanto capital como para invertir lo que puede invertir una sociedad anónima extranjera.

Y dicho sea de paso, se han ido limitando algunas cosas, porque ya las sociedades anónimas no pueden ser propietarias de superficies de tierra. Hay excepcionalidades, pero están muy bien controladas y lo único que falta es salir a ver que las cosas que se plantean en la excepcionalidad se estén cumpliendo.

En el último año hay como una estabilización del proceso de extranjerización de la tierra, y sería un fenómeno poco importante si el Instituto tuviera muy buen nivel de financiamiento para seguir comprando tierra. De hecho, las dos últimas compras que hicimos eran compras que iban para extranjeros y se las quedó el Instituto Nacional de Colonización.

Joel Rosenberg: ¿Peleando en el mercado?

Nosotros compramos tierras por tres formas.

La primera es la compra directa. Alguien ofrece en el mercado, el Instituo considera que es bueno y lo compra. Esa es la menos usada, porque acá se mueve mucho dinero. Y puede ser peligrosa la compra directa a alguien que viene a ofrecer.

La segunda es la expropiación. De hecho, ahora estamos en un proceso expropiatorio interesantísimo, y estamos tratando de negociar con los propietarios de esa tierra para entregársela a un sindicato de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores están incluidos ya en la ley del año 48.

Pero la forma por la que más compramos es lo que llamamos el artículo 35. Todo campo de más de 500 hectáreas coneat 100, en un proceso de compra-venta, tiene que ser ofrecido en igual precio y condiciones al Instituto de Colonización. No se puede terminar el negocio hasta que el Instituto dice “no lo quiero”. Y muchas veces lo queremos, y se arman unos líos descomunales.

JR: Pero me imagino que muchos de esos arreglos tienen unos precios exorbitantes...

Hay de las dos cosas. Vienen precios exorbitantes que nos huelen a que prefieren pagar un poquito más de impuestos para que el Instituto no haga opción.

RL: ¿No sería el precio real ese precio exorbitante?

No tengo forma de demostrarlo, pero presentimos por algunos precios que es difícil que sean reales.

Y por otro lado vemos precios que son de mal remate, y muchas veces eso es para tratar de evitar impuestos. Y en esos casos hacemos opción para comprarlo y ahí es cuando se arman unos líos descomunales. Tenemos varios juicios al respecto, porque empiezan a aparecer chicanas jurídicas para no entregarnos el campo, para no hacer el negocio con el Instituto.

Que se enoje el comprador es entendible, pero que se enoje el vendedor, al que le vamos a pagar exactamente igual y en tiempo y forma, no tiene mucho sentido. Es muy raro.

JR: ¿Le sorprendieron los datos del censo que indican aumento de la concentración agropecuaria? En 60 años el número de explotaciones disminuyó un 50% y su tamaño se duplicó, para tirar uno de esos datos.

RL: Y en los últimos 10 años hay una caída de 12.000 explotaciones, y la mayoría de las que caen son las chicas, las de menos de 20 hectáreas.

No, no me sorprendió en absoluto. Eso es así.

En el año 2011 tuvimos una gran discusión, en la que fuimos pocos los operadores políticos que estábamos a favor de establecer un freno a la concentración de la tierra.

Me acuerdo que en un simposio que se hizo en el Parque Hotel me decían que iba a haber más productores, y yo les decía que el que sale un poquito por el campo sabe que hay un montón de productores familiares que se han retirado, por distintos motivos.

De todas maneras, para no dar esa visión pesimista del futuro, el mayor propietario de tierras hoy es el Instituto Nacional de Colonización. Andamos por las 380.000 hectáreas casi.

RL: Decías que al final de los 10 años de gobierno del Frente Amplio se habrían incorporado un 25% de esas tierras. Estamos hablando de unas 100.000 hectáreas. De todas formas hubo una promesa en la plataforma electoral del FA en el 2009, y que la dijo el presidente José Mujica (entonces candidato), de que se iban a sumar 250.000 nuevas hectáreas en este período. En el momento en que se hizo esa promesa eras ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca: ¿te pareció que era viable?

Siempre es posible. De ahí a que fuera fácil hacerlo, no. Pero tenés que ponerte objetivos ambiciosos para ir en un sentido, para avanzar, para apurar el paso.

Y tuvo algún resultado, porque vamos a llegar a 55.000 hectáreas, y 55.000 hectáreas en un período es descomunal, más al precio de la tierra hoy y a los procesos de concentración de la tierra que se están dando.

Estamos cerca de las 30.000 hectáreas, y en estos dos últimos años es donde vamos a apretar el acelerador. Pero no es solamente comprar. Es también recuperar y adjudicar.

Por otro lado, la demanda de tierra en Uruguay es del orden de las 500.000 hectáreas. Si se plantea, en un proceso de concentración de la tierrra, en un proceso que cuestiona a un montón de arrendatarios y de asalariados rurales que se quieren integrar, cubrir la mitad de la demanda, en esos términos, no parecería ser tan ambicioso.

JR: ¿Cómo se financia hoy en día el Instituto de Colonización?

El Instituto es un ente autónomo, igual que Ancap y UTE. El servicio que vende es el servicio de tierras. Tiene un presupuesto, por vía de arrendamientos, del orden de los 8 millones de dólares. Eso es lo que entra. Y gasta entre 7 y 8 millones de dólares. Es decir que para su funcionamiento no le pide absolutamente nada al Poder Ejecutivo, pero le sobra alrededor de un millón de dólares para compra de tierra y para desarrollo. Es nada. Solamente 15.000 hectáreas son 60 millones de dólares...

RL: Es decir que el Instituto depende de Rentas Generales, básicamente...

Tenemos dos vías. La primera, que viene desde el 2007 con la reforma tributaria, es un fondo que viene de la divisional del ITP, que es una plata que le da el Poder Ejecutivo al Instituto exclusivamente para compra de tierras, y que anda en el orden de los 12 millones de dólares al año.

Por otro lado, a partir del año pasado, el ICIR tan discutido, tiene un segundo numeral (además del que fue impugnado) que por ahora no fue definido como inconstitucional, que la DGI viene cobrando desde enero del año pasado, y han entrado al Estado por esa vía alrededor de 18 millones de dólares, que se vuelcan al Instituto para compra de tierra y para desarrollo.

Ese segundo numeral del ICIR es una adecuación del ficto de los campos que se vendieron antes del 2007, entonces es un 15% más de lo que se cobraba por ese ficto.

Una cuota parte de eso nos permitió comprar 2800 hectáreas en la frontera de Brasil, que las vendía una familia brasilera y las iba a comprar un fondo internacional americano-suizo. Y las compró el Instituto Nacional de Colonización para asalariados rurales de la caña de azúcar en Bella Unión y para asalariados ganaderos de la zona de Tomás Gomensoro y de Artigas.

Entonces ahí se ve lo que hace el Instituto con la parte nuestra del ICIR, lo que es el tema de la extranjerización y concentración de la tierra, y cómo actúa el Instituto como un verdadero instituto de reforma agraria.

Además tenemos una línea de crédito del Banco República de 13 millones de dólares más totales, para compra de tierras.

Y además de todo eso estamos pensando en un fideicomiso que nos financie fuerte para asegurarnos llegar a las 55.000 hectáreas de este período.

JR: Un oyente pregunta: “¿no son las colonias un rejunte de productores pobres en predios muy chicos, en general deprimentes?”.

No, no son eso. Eso es un mal dibujo de lo que son las colonias. Las colonias son lugares donde los productores familiares tienen la seguridad de establecerse y desarrollarse.

Para tener una idea, nuestra jefa de Servicios Jurídicos es hija de colonos, maestra rural y después estudió abogacía, y todo a partir de la colonización. Hay mucha gente que se ha desarrollado a partir del Instituto Nacional de Colonización, y que no hubiera tenido otra posibilidad si no hubiera sido por el Instituto.

Aunque existen situaciones de esas que dice el oyente, como existen fracasos en cualquier área de la realidad, claro. Hay veces que viene gente muy humilde a pedir tierra, y con mucho orgullo y decencia dice “solamente tengo mis manos”. Esa es la peor alternativa. Es fácil de resolver cuando hay un proyecto como el de Bella Unión, donde entre el Instituto Nacional de Colonización, los propios trabajadores y Alur se puede establecer gente que no tiene otra cosa que sus propias manos.

Pero en general los que ingresan al Instituto siempre tienen algo más que sus propias manos. Tenemos marca de máxima producción en leche, los premios de la Fiesta del Cordero Pesado en Sarandí del Yí, las mejores producciones de caña de azúcar en Bella Unión, tenemos excelentes productores ovejeros en lana, tenemos excelentes productores en la horticultura.

Hay que sacarse el sombrero ante estos productores que gracias a que el Estado, con la visión de propiedad social de la tierra, los mantuvo y les dio respaldo, hoy han podido mandar a sus hijos a estudiar, desarrollarse y seguir optando por quedarse en la tierra.

El colono se tiene que establecer. Tiene que vivir allí, tiene que trabajar allí, tiene que mandar a sus hijos a la escuela rural de allí. Es parte de la concepción de lo que es la colonización.

RL: Hablábamos fuera de micrófono de problemas de visibilidad que tiene el Instituto. ¿Ese es un tema histórico o es de las últimas décadas?

Es un tema histórico y es de vida o muerte. El Instituto es uno de los entes autónomos del Estado con más patrimonio, y no se conoce. Tenemos 375.000 hectáreas de las que somos propietarios todos los uruguayos. Y el problema es que si después tenemos que ir a solucionar contradicciones, de las que siempre hay, no es lo mismo hacerlo desde un plano de algo que es oscuro, chiquito y metido en la Ciudad Vieja, que hacerlo frente a un instituto que demuestra el impacto que tiene en el desarrollo rural, en evitar que un montón de orientales se terminen viniendo a la ciudad, con todos los problemas que eso implica.

La visibilidad y la discusión sobre la tierra en este país para mí es de viabilidad o no viabilidad país. Porque seguimos viviendo, nos guste o no nos guste, de cosas que salen del campo.

JR: Un oyente dice: “Me da mucha tristeza saber que un conocido de familia muy acomodada tuvo acceso a tierras a través de Colonización. Una pena. Ojalá sean los menos”.

A mí me da la misma tristeza, pero para la alegría del oyente estamos combatiendo a brazo partido esas situaciones, y las venimos ganando paso a paso. Y se viene ordenando desde la administración anterior. No es mérito nuestro.

Ahora, tampoco es fácil. Porque a todo el mundo hay que darle garantías. Acá hay contratos, generalmente hay abogados del otro lado que interponen recursos, y hay que mantenernos dentro de la ley. Pero dentro de ese marco somos absolutamente inflexibles y hemos y vamos a seguir sacando a todo el que no se merezca ser un colono.

JR: ¿Por qué razón no se merecen?

Porque no se dedican principalmente a eso, porque tienen 4000 hectáreas fuera del Instituto, porque no viven en la colonia, porque no cumplen con los deberes que tiene legalmente un colono.

Esa lucha no se termina. La estamos dando y la vamos a seguir dando.

RL: ¿Hay huellas de uso clientelar desde el Estado del Instituto?

Sí, pero no es todo así el Instituto. Insisto: hay muchas generaciones de colonos que entraron por la puerta grande y han honrado ser colonos. El ciudadano común debería estar orgulloso de ellos. Pero hay de esos otros casos también, y nosotros los tratamos de combatir.

JR: “Si hay una equis cantidad de tierra provista por uruguayos que no la hacen productiva, ¿qué problema hay con que un extranjero venga, la compre y la haga productiva? ¿No gana también el país?”, preguntan en un correo electrónico.

Sí, el problema es que no hay campos improductivos por nacionales. En general los tienen al mango en producción.

Además, yo puedo demostrar con valores que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que las producciones familiares, si les levantamos las militantes financieras, tecnológicas y de mercado, son más eficientes que las grandes empresas transnacionales.