Análisis de William Fisher - IPS
Hace cinco años, la Unión para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó un pedido en el marco de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para que el Departamento (ministerio) de Defensa difundiera fotos inéditas para el público que mostraban a soldados estadounidenses en Iraq y Afganistán maltratando a prisioneros. El gobierno se negó.
En setiembre de 2008, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ordenó por unanimidad a la administración de George W. Bush (2001-2009) que difundiera las fotos. Pero hasta hoy el gobierno no ha cumplido.
A comienzos de marzo, el Departamento de Defensa pidió una audiencia de todo el Tribunal de Apelaciones. La solicitud fue rechazada. Luego solicitó una suspensión por 30 días del mandato judicial. Eso alentó a los abogados de la ACLU a escribirle al Departamento de Defensa, pidiéndole que reconsiderara su posición y difundiera las fotografías a la luz de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama. La cartera todavía no contestó.
"El compromiso del gobierno de Obama para con la transparencia es elogiable. Queremos asegurarnos de que este discurso se convierta en realidad", dijo a IPS Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
La abogada Amrit Singh, de esa organización, quien expuso el caso en el Tribunal, agregó: "El público estadounidense tiene derecho a ver estas imágenes para saber qué se hizo en su nombre". "La difusión de las fotos enviará un mensaje poderoso de que el nuevo gobierno verdaderamente intenta romper con la falta de responsabilidad de los años de Bush", dijo.
La administración de Bush se negó publicar las fotos en el marco de sus esfuerzos para expandir radicalmente las exenciones permitidas bajo la FOIA por clasificar documentos. También alegó que la revelación pública de tales evidencias generaría indignación y violaría las obligaciones de Estados Unidos hacia los detenidos, estipuladas en las Convenciones de Ginebra.
Sin embargo, el panel del Tribunal de Apelaciones rechazó el intento del gobierno de usar las exenciones a la FOIA y reconoció el "significativo interés público en la revelación de estas fotografías". El tribunal también reconoció que difundir las fotografías probablemente serviría para impedir "más abusos a prisioneros". Buena parte de lo que el público conoce sobre el trato de Estados Unidos a prisioneros fue gracias a las más de 100.000 páginas de documentos oficiales obtenidos en respuesta a la demanda de la ACLU.
El fiscal general Eric Holder divulgó nuevas y exhaustivas pautas para la aplicación de la FOIA, que ordenan a todos los departamentos y agencias de la rama ejecutiva a reconocer el derecho de los ciudadanos acceder a esa información.
En 2005, un juez de un distrito federal ordenó al gobierno dar a conocer 74 fotos y tres vídeos. El Departamento de Defensa y el ejército apelaron la decisión judicial. Un año después, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal de distrito, pero el gobierno todavía no difundió los documentos.
En otros casos, abogados por los derechos humanos presentaron dos apelaciones judiciales contra el tratamiento que el gobierno dio a los detenidos de la prisión en la base militar de Guantánamo y los futuros planes de Obama para éstos, la mayoría de los cuales estuvieron detenidos sin ser sometidos a juicio.
Se presentó una moción en nombre del uigur chino Huzaifat Parhat, uno de los 17 miembros de esa etnia a quien un tribunal estadounidense ordenó liberar en junio, siete años después de su arresto, pero que sigue detenido en Guantánamo.
Los abogados presentaron una moción de desacato contra el secretario de Defensa, Robert Gates, denunciando su "continuada negativa a cumplir con una orden final" por parte del Tribunal de Apelaciones para liberar a Parhat, señaló el documento. También reclamaron que el nuevo veredicto incluyera "una amenaza de sanciones" a fin de asegurarse de que Gates cumpliera con la orden de liberar a Parhat.
Otra demanda presentada por alrededor de 15 reclusos de Guantánamo tomó por objetivo a nuevas normas presentadas a comienzos de este mes por el gobierno de Obama, justificando el derecho del Estado a retener a sospechosos de terrorismo. El 13 de marzo, el Departamento de Justicia anunció que abandonaría la denominación de "combatiente enemigo" para los sospechosos de terrorismo y se comprometió a aplicar el derecho internacional a sus políticas de detención. Dijo que solamente quienes "apoyaron sustancialmente" a la red extremista Al Qaeda, a insurgentes del movimiento fundamentalista Talibán o a "fuerzas asociadas" serán retenidos bajo esas leyes.
Pero los abogados de los detenidos minimizaron la nueva política por considerarla apenas un "repliegue parcial" de las posiciones mantenidas bajo el gobierno de Bush. "El enfoque conceptual en el que ahora ellos avanzan no ha cambiado mucho", alegaron en la demanda.
También la emprendieron contra el gobierno por justificar la detención de sospechosos sin que mediaran cargos o juicios, únicamente sobre la base de una decisión parlamentaria que autorizara la "guerra contra el terrorismo" posterior a los ataques que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
La decisión política de retener a sospechosos de manera indefinida sin cargos porque se los considera demasiado peligrosos para estar libres es una opción que bajo la Constitución estadounidense "debe ser resuelta por el Congreso, no por la rama ejecutiva", escribieron.
En un cuarto caso, los abogados de 30 detenidos en Guantánamo elevaron una moción acusando al gobierno de Obama de violar las Convenciones de Ginebra en su trato de los 240 prisioneros que, se calcula, permanecen en el controvertido centro de detenciones.
Obama se comprometió a cerrar esa prisión en los próximos 12 meses, y ordenó evaluaciones individuales de las demandas contra cada uno de los que continúan detenidos allí.
